Olga Sánchez Cordero, la ex ministra de la Suprema Corte, y ex Secretaria de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador, se subió a la tribuna del Senado, y casi al final de su discurso, en tan solo 16 segundos, dijo una verdad rotunda:
“En mi experiencia como Secretaria de Gobernación, no hubo una sola gobernadora, un solo gobernador, que no solicitara la presencia de la Guardia Nacional y de nuestras Fuerzas Armadas en sus estados.”
Así ha sido siempre. Con excepciones, desde hace décadas los gobernadores no hacen nada, o hacen muy poco para resolver los asuntos de inseguridad. Les ha resultado muy conveniente simular, lavarse las manos, convencer a la ciudadanía de que se trata de un problema que concierne a los gobiernos federales, lo cual es absolutamente falso, porque la mayoría de los delitos que asuelan a sus gobernados son del fuero común, es decir, competencia de las fiscalías de cada entidad, como es el caso de los homicidios dolosos, los feminicidios, los secuestros, las extorsiones y los robos, salvo los casos que, debido a alguna razón judicial o política, son atraídos por la Fiscalía General de la República.
También, desde hace varios sexenios, la mayor parte de los periodistas e intelectuales que teclean columnas o artículos de opinión desde la capital del país, han contribuido a fomentar esa irresponsabilidad de los gobernadores, ya que se han sumado al coro de la comentocracia, que culpa a los presidentes de la república de algo que, por ley, concierne en primerísimo lugar a los mandatarios y policías de los estados: brindar seguridad a los ciudadanos.
Cobijados bajo un manto de impunidad, esos administradores de presupuestos estatales, que saludan y ostentan con sombrero ajeno, agradecen cínicamente a cualquier gobierno federal, sin importar de qué filiación política provengan. Hace unos días, el gobernador saliente de Durango, el panista José Rosas Aispuro, dijo esto frente al Presidente:
“En especial quiero reconocer el apoyo que siempre recibí de su gobierno en materia de seguridad. Como gobernador reconozco que la presencia permanente de nuestro Ejército ha contribuido de manera muy importante para poder recuperar la seguridad en nuestra entidad. Hace años no teníamos estas condiciones. Hoy desde luego que hay problemas, pero hoy tenemos una de las entidades más seguras en el país y esto ha sido gracias al apoyo que tenemos de nuestro Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional”.
De nada. Quizá por eso el panista, al terminar su gobierno, ocupó uno de los peores lugares entre los gobernadores: en agosto acabó en el sitio 27 de 32 (estaban en el puesto 24 un mes antes), con apenas 42% de aprobación (44% el mes previo).
Volvamos a la mayoría de los mandatarios: de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022, que recién dio a conocer el INEGI, solo en cinco entidades los delitos han bajado. Si revisamos la prevalencia delictiva (tasa de víctimas) 2020-2021, las víctimas por cada 100 mil habitantes para la población de 18 años y más por entidad federativa, se reporta que únicamente en cuatro estados disminuyó: Campeche, Hidalgo, Michoacán y Sonora. En 23 se quedó sin cambio y en cinco empeoró: Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Estado de México y Sinaloa.
Si vemos la incidencia delictiva (tasa de delitos) 2020-2021, la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes para la población de 18 años y más, según la entidad federativa en que ocurrió el delito, resulta que solo en cinco estados bajó: Campeche, Ciudad de México, Durango, Hidalgo y Michoacan. En 23 entidades las cosas no se modificaron, y en cuatro empeoraron: Baja California, Estado de México, Puebla y Sinaloa.
Si desmenuzamos la incidencia delictiva por robo o asalto en la calle o en el transporte público, que por supuesto impedirla no es competencia de las autoridades federales sino de las municipales y estatales, encontramos que durante 2021 se perpetraron 6 millones de robos o asaltos en la calle o en el transporte público (sí, leyó bien, 6 millones, según el INEGI).
Son, en promedio, 16 mil 428 robos en la calle o en el transporte por día. ¡16 mil! Son 684 por hora.
Se trata de los delitos que más dañan a la gente modesta que no usa coches propios porque no tiene, o porque el combustible es insostenible para las economías familiares. Son esos asaltos indignantes que reiteradamente vemos en videos del transporte público y en cámaras de seguridad de las urbes.
¿Qué le hurtan a la gente? En 67% de los casos lo robado fue dinero, tarjetas de crédito o cheques (débito), mientras que en 57.4% de los casos fueron teléfonos celulares. ¿Cuántas veces le ha tocado a usted o a sus familiares? A mí, dos.
¿Eso también es culpa de los gobiernos federales?
Eso es lo que vociferan, desde hace varios sexenios, la aristocracia partidista, la comentocracia, y los mandatarios. Por eso la pereza gobernante en los estados. Por eso tantas alternancias prácticamente en todas las entidades, porque los gobers preciosos no se hacen cargo de nada.
Solo del dinero que reciben, claro, para invertir en sus estafas maestras.
Twitter: @jpbecerraacosta