Me llamo Julián David Villamil Arévalo, nací en Colombia, tengo 22 años, y he muerto en una celda dentro de la estación migratoria de Ciudad Juárez.
Mi nombre es Andrés Fernando Calderón Carbajal, nací en El Salvador, tengo 23 años, y fui víctima de un homicidio en la estación migratoria de Ciudad Juárez.
Me llamo Bacilio Sutuj Saravia, nací en Guatemala hace 51 años y me asesinaron en la estación migratoria del gobierno mexicano en Ciudad Juárez.
Mi nombre es Dikson Aron Córdova Perdomo, nací en Honduras, tengo 30 años, y morí en la estación migratoria de Ciudad Juárez.
Me llamo Joel Alexander Leal Peña, nací en Venezuela, tengo 20 años, y hace unos días me encerraron en una estación migratoria del Estado mexicano que está ubicada en Ciudad Juárez. El lugar se consumía bajo las llamas, pero como estaba encerrado con llave y no me dejaron salir, me mataron.
Así, treinta y cuatro veces más, hasta contar 39 migrantes muertos en la mazmorra del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, Chihuahua. Todos hombres entre 18 y 51 años, de Guatemala eran dieciocho, siete de El Salvador, siete de Venezuela, seis de Honduras, y uno de Colombia.
En una nación de migrantes, México, 39 migrantes centroamericanos y sudamericanos fueron asesinados con fuego y humo dentro de una instalación del gobierno federal mexicano.
Y no, no me equivoqué al teclear: esas personas, que buscaban una mejor vida, sí fueron asesinadas. No “se murieron”. No “se quemaron”. No “se asfixiaron”. No “resultaron muertas”. No “fallecieron” porque querían morir en el abrasivo e infernal sitio de reclusión en el que estaban refundidos. No, esos 39 migrantes fueron encerrados en una celda, como tantas otras del INM que hay en el país, y cuando un incendio, producto de un temerario e insensato motín, amenazaba sus vidas, fueron dejados ahí, atrapados bajo llave para que se murieran. Los abandonaron inhumanamente con el infame argumento de que no les podían abrir porque escaparían.
Eso se llama homicidio. Doloso, culposo, imprudencial, ya lo decidirá un juez, pero de que fueron asesinados, fueron asesinados, y por eso la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, está investigando el caso como presunto homicidio.
Y entonces, surge la pregunta: ¿quiénes fueron los homicidas? O al menos, antes de llegar a lo penal, ¿políticamente quiénes son los responsables?
En primer lugar, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Y no lo digo yo, lo dicen las leyes mexicanas: “El Instituto Nacional de Migración es un órgano administrativo desconcentrado de la Administración Pública Federal, dependiente de la Secretaría de Gobernación, el cual aplica la legislación migratoria vigente.”
En un país profundamente democrático, donde los servidores públicos sí entienden los conceptos de “responsable” y de “responsabilidad”, el caballero habría renunciado desde hace horas, porque él es el responsable del funcionamiento y la aplicación de las leyes migratorias a través del INM.Y no solo eso: él tenía que asegurarse de que existieran medidas de protección civil y protocolos antiincendios adecuados en todos esos lugares como el de Ciudad Juárez.
Y con él, por supuesto, se tendría que ir a su casa (o a tribunales) el Comisionado del Instituto, Francisco Garduño Yáñez, que como bien dice su puesto, es quien tiene facultades para vigilar el funcionamiento de esas estancias migratorias.
El Presidente de la República ha dicho en estas horas infaustas que esta desgracia le ha dolido mucho, que le ha partido el alma la muerte de esos migrantes. Pues venga, que dé una muestra palpable de que este no es un gobierno pollero y encubridor como el de Vicente Fox, como el de Felipe Calderón, como el de Enrique Peña Nieto, y que con hechos contundentes demuestre que ante este multihomicidio habrá consecuencias, porque si en este caso él y los suyos pretenden culpar a un guardia privado de seguridad, o al cabo quinto del INM, serán igual de infames que sus antecesores.
Twitter: @jpbecerraacosta
