¿Quién entre ellos? ¿O espían todos? No es que lo hagan personalmente, sino que reciban, lean y se regocijen con el poder que les implica abrir carpetas y correos que llevan el sello o la marca (roja o negra) de “confidencial”, esos expedientes clasificados con los reportes de espionaje que elaboran sus plomeros.
Pero, empecemos por el principio: ¿quién dio la orden para espiar a periodistas ?
En una democracia muy consolidada ya se hubieran deslindado responsabilidades, ya hubieran corrido a medio mundo, y en una de esas hasta hubiera renunciado el primer ministro, incluso el presidente.
Aquí, en este país, ¿quién espía hoy? ¿Presidencia de la República? El presidente Andrés Manuel López Obrador ha repetido una y otra vez que su gobierno no espía a periodistas ni a opositores. A nadie, ha reiterado. Religioso como es, casi lo ha jurado. También ha dicho que, políticamente hablando, en México no se mueve algo sin que el presidente sepa.
Entonces, si las denuncias de espionaje y de intervenciones telefónicas de Animal Político y de Ricardo Raphael son ciertas, como asumo que son, ¿quién dio la orden de hacerlo en Palacio Nacional? ¿Él mismo? Si fue así, muy mal, porque traicionó su palabra, rompió su juramente electoral en el sentido de que su gobierno jamás espiaría a periodistas y opositores. En ese caso, perdón, pero AMLO es un falsario.
Si acaso no fue el Presidente quien dio la instrucción, o quien consintió que se espiara (en la muy cínica tradición política mexicana no es lo mismo hacer que dejar hacer); si no fue López Obrador, ¿entonces quién fue? ¿Quién es el traidor en su staff presidencial que hace ver a su jefe como un mentiroso? ¿Fue su ex Consejero Jurídico, Julio Scherer Ibarra ? ¿Fue su Coordinador de Asesores, Lázaro Cárdenas Batel ? ¿Quién? La persona que haya instruido o consentido en Presidencia que se cometiera semejante atropello de espionaje, mal, muy mal, y debe ser evidenciada, expuesta, sancionada.
Ahora bien, si como me dice gente de Palacio Nacional, ni el Presidente ni alguien más de Presidencia dieron órdenes para espiar, ni tampoco avalaron que alguien externo a Presidencia espiara, pues peor, porque hay gente que sí está espiando desde el gobierno federal y es gravísimo que el Presidente y su equipo cercano no lo hayan sabido ni lo sepan. En ese supuesto, tienen el deber de atrapar y exhibir públicamente a quien lo esté haciendo en la actual administración, y por supuesto, consignarlo ante un juez.
La actitud presidencial de minimizar el hecho es inadmisible. Y lo es porque implica que es un político desmemoriado: él, su esposa, sus hijos, sus doctores y hasta 50 personas de su entorno, fueron espiados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto con el sistema Pegasus, un instrumento de intervención de teléfonos que, de acuerdo al proveedor, solo se le vende a gobiernos legal y constitucionalmente establecidos. Y mire usted, resulta que ese mecanismo… es el mismo que hoy se utiliza en su gobierno para espiar periodistas.
Qué bueno que no son iguales a priistas, panistas y perredistas.
Los intentos del Presidente para perorar y construir circunloquios que derivan en eso de que “no se espía sino que se obtiene información de inteligencia”, también son inaceptables. Todos los periodistas, sin distinción, debemos repudiar tal intento de manipulación informativa y no deberíamos dejar de hablar del tema, hasta que se nos explique lo que está sucediendo, se castigue a los perpetradores y sus jefes, y se garantice algún mecanismo de transparencia para verificar que esto no suceda.
Espiar a periodistas (a cualquier persona) sin que haya una razón jurídica o legal para hacerlo, sin que un juez lo permita ante la presunción de un delito, es un acto profundamente antidemocrático, que remonta a las peores etapas y las más oscuras cloacas del partido de Estado que padecimos durante el priismo, que desde los años 60 intervenía teléfonos de domicilios y oficinas, tanto de periodistas como de opositores.
Es, además, y sobre todo, una intromisión en la vida íntima de las personas, en la privacidad de mujeres y hombres, y en ocasiones, hasta de menores de edad.
Sin eufemismos: espiar y meterse en la intimidad de los demás es una vileza política entre quienes nos pidieron el voto jurando que procederían siempre apegados a conceptos y principios democráticos.
Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto López, el general Luis Cresencio Sandoval, el almirante Raúl Ojeda y el fiscal Alejandro Gertz, si osaron espiar hoy, como presuntamente lo están haciendo, o si consienten el espionaje, como aparentemente lo están permitiendo, son “el extraño enemigo”.
Son la más vergonzosa reencarnación del militar y policía Fernando Gutiérrez Barrios.
Con la pena, ¿eh?
Bajo fondo
Todos los países democráticos tienen servicios de inteligencia que recaban información relevante para la seguridad nacional. Por ejemplo, Estados Unidos lo hace para neutralizar posibles ataques terroristas, ya sean perpetrados por extranjeros, o por grupos extremistas internos. También sus agencias cuentan con datos importantes que les permiten combatir a los grupos de narcotraficantes, no solo en cuanto a la incautación de drogas, sino en el congelamiento de sus recursos.
El Estado mexicano, en lugar de estar espiando, tendría que estar recabando inteligencia que sirva en el combate al crimen organizado, tanto de forma nacional como regional y local, porque si nos atenemos a lo hackeado y expuesto por Guacamaya, todos esos expedientes que hemos visto hasta ahora nos revelan que sí, que qué chulos expedientes tenía la Secretaría de la Defensa, con datos y pormenores de numerosos delincuentes y funcionarios cómplices, pero prácticamente en ningún caso sirvieron para gran cosa, para evitar la comisión de delitos, mucho menos para atrapar a alguien.
Parecen anotaciones reporteriles que jamás se transformaron en textos bien escritos que pudieran ser publicados a fin de influir y cambiar algo. Es decir, parece que la inteligencia militar estuviera compuesta, en general, de reportes pasivos que justifican nóminas estériles, ya que no desembocan en eficaces estrategias para combatir la inseguridad y disminuir la violencia.
¿Por qué no mejor recaban inteligencia que sirva para atrapar secuestradores, extorsionadores, asesinos de madres buscadoras de desaparecidos, sicarios, traficantes de personas, capos del narcotráfico y autoridades cómplices?
Al fondo
Tanto del lado paterno (Luciano Becerra, cadete que defendió el Castillo de Chapultepec durante la invasión gringa), como del lado materno (Teodosio Canto, Guerra de Castas), provengo de militares. Tengo absoluto respeto y admiración por la vida militar, por la vocación militar, porque así me lo inculcaron y así lo abrevé, y desde inicios de este siglo defiendo la participación de las Fuerzas Armadas en el combate de estas guerras internas que padecemos, pero en mis familias nunca hemos dejado de señalar las barbaridades cometidas por militares, aunque entendemos que existe el matiz de que la mayor parte de las veces, como en el 68, recibieron órdenes de civiles.
Por eso, por el orgullo que tengo de provenir de militares, me decepciona saber que en la Secretaría de la Defensa Nacional de este gobierno se espíe a periodistas. De los anteriores gobiernos no me extrañaba, así eran sus genes represivos provenientes de los civiles o de ellos mismos, pero que suceda en el actual gobierno, me representa una vergüenza indefendible.
No solo es una afrenta para mí y millones de mexicanos que votamos por un cambio, un agravio para quienes descendemos de militares, sino que se trata de un ultraje para la propia institución militar, que retrocede décadas y pone en riesgo cualquier resquicio de vocación democrática que pudiera haber desarrollado en los últimos años.
Qué pena.
Si se quieren reivindicar, castiguen judicialmente a quien se tenga que castigar por esos espionajes.
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