Qué desasosiego, otra vez, con el caso Ayotzinapa.
Qué dolor renovado deben haber sentido en los últimos días los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. Qué sufrimiento y qué enojo. Qué impotencia.
Creíamos conocer toda la narrativa de lo sucedido aquella infausta noche del 26 de septiembre y la funesta madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Sabíamos que un alcalde y su esposa, imputados ante las fiscalías estatal y federal desde meses antes de la tragedia por presuntos vínculos con el crimen organizado, inclusive acusados de perpetrar el homicidio de un luchador social, estaban la noche del 26 de septiembre de 2014 en estado de absoluta paranoia, y por ello ordenaron la captura de un grupo de normalistas procedentes de Chilpancingo, ya que creían que irrumpirían en la fiesta política que ambos tenían en Iguala: un informe del DIF que olía a precampaña para que la señora sucediera a su marido.
Sabíamos que el jefe policial del alcalde organizó a sus elementos, pidió ayuda a sus pares de los municipios aledaños de Cocula y Huitzuco, y salió a cazar a los estudiantes, que habían arribado a Iguala para interceptar autobuses, los cuales usarían para viajar a Ciudad de México unos días después, a fin de incorporarse a las marchas en recuerdo del 2 de octubre del 68.
Sabíamos que, simultáneamente, los narcocriminales que mandaban en la plaza, miembros del cártel llamado Guerreros Unidos, también padecían un estado de alucinación, ya que alguien los alertó de que, infiltrados entre los estudiantes, había ingresado a Iguala un comando de sicarios rivales, pertenecientes a Los Rojos, con la intención de atacarlos de nuevo, ya que esa mañana efectivamente habían sido agredidos a balazos en Iguala, por un escuadrón enemigo.
Sabíamos que ambos grupos criminales, los de los policías y los de los sicarios de Guerreros Unidos , se organizaron para que los uniformados procedieron a agredir y capturar estudiantes: asesinaron a uno, dejaron en coma a otro con un balazo en la cabeza, y desaparecieron a 43 más.
Sabíamos que los estudiantes fueron trepados en camionetas, que fueron separados en grupos, que fueron entregados a manos de sicarios, y que fueron asesinados en distintos lugares, incluido el basurero municipal de Cocula, donde incineraron a varios de ellos.
Luego supimos que los demás fueron ultimados con sellos adicionales del narco: unos fueron ejecutados y sus cuerpos disueltos en ácido. Otros más, ya baleados, fueron enterrados. Y por último, otro grupo, desmembrado, fue tirado en un río.
Sabíamos que el Ejército supo, hora a hora, todo lo que sucedía aquella noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, hasta que los estudiantes fueron capturados por policías municipales.
Sabíamos que los soldados no intervinieron en los hechos, porque de hacerlo hubieran tenido que proceder en apoyo de la autoridad legalmente y constitucionalmente establecida, que eran las policías municipales.
Sabíamos que el coronel encargado del 27 Batallón de Infantería tenía cercanía con el alcalde y su esposa, y que esa tarde-noche había estado presente en el acto político de ambos, lo cual es usual en cualquier municipio, la relación entre mandos civiles y militares, y había sospechas ciudadanas de su posible vínculo con Guerreros Unidos, pero nadie consiguió una evidencia, vaya, ni siquiera un indicio sólido de semejante complicidad, más allá de la narrativa militarista que se inventaron activistas sociales, por cierto, cercanos a la 4T.
Gracias al reporte final de la CNDH sobre el caso Ayotzinapa, creíamos saber casi todo acerca de lo que pasó en Iguala y alrededores aquella noche y madrugada. Pero algo cambió súbitamente, ya que una colega, Peniley Ramírez, dio a conocer parte de un informe sin tachones (no testado) de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, encabezada por el subsecretario Alejandro Encinas, y eso parece cimbrar áreas sustanciales de la narrativa que teníamos.
En el documento referido hay una multitud de screen shots que muestran graves imputaciones contra mandos militares desplegados en Iguala. Se trata de 467 capturas de pantalla, que supuestamente proceden de cinco teléfonos de presuntos sicarios.
Dudas y preguntas.
En estos ocho años, ¿nadie estaba al tanto de la existencia de esos mensajes telefónicos?
¿Nadie sabía que criminales de Guerrero supuestamente tenían relaciones de complicidad con el coronel encargado del 27 Batallón de Infantería? ¿Nadie tenía conocimiento de que aparentemente ese militar recibía dinero de los delincuentes?
¿Nadie supo que presuntamente él y algunos de sus subordinados, junto a varios sicarios, tuvieron en sus manos a un grupo de los 43 jóvenes de Ayotzinapa (al parecer a seis estudiantes), los retuvieron hasta el 4 de octubre de aquel año, y luego ellos mismos los mataron u ordenaron liquidarlos?
¿Alguien del sexenio pasado? ¿El ex secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos? ¿El ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong? ¿El de Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón? ¿El encargado de los servicios de inteligencia a través del Cisen, Eugenio Ímaz Gispert? ¿El ex procurador Jesús Murillo Karam? ¿Su investigador estrella del Caso, Tomás Zerón? ¿El propio ex presidente Peña Nieto?
¿Alguien tiene algo que decir en este sexenio?
¿El general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval? ¿El almirante secretario de la Marina, José Rafael Ojeda? ¿El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y su antecesora, la senadora Olga Sánchez Cordero? ¿El fiscal Alejandro Gertz Manero? ¿El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas? ¿El fiscal para el caso, Omar Gómez Trejo? ¿O no tenían ni idea?
Hay más preguntas.
¿Cuándo y dónde fueron descubiertos esos mensajes? ¿A través de qué herramienta? ¿Decomisaron o intervinieron teléfonos? ¿De qué marcas y modelos? ¿Qué app usaban los supuestos sicarios para mensajear? ¿Quién capturó o intervino los aparatos y de qué forma los obtuvo o espió? ¿El Ejército, como apunta el GIEI?
¿A través de qué peritaje se confirmó que los mensajes son verídicos? ¿Por qué debemos de creer que son ciertos y no parte de una estrategia para sostener la vieja demanda de activistas sociales de que “fueron los militares” y que por tanto “fue el Estado”?
Si esos pantallazos no son textos inventados o distorsionados, si realmente no nos están mintiendo y son verdaderos los mensajes entre criminales, ¿por qué habríamos de creerles a esos sicarios? ¿Entregaron mensajes a cambio de algo, un criterio de oportunidad? ¿No son acaso capaces de jurar lo que sea e imputar a quien sea?
Más cuestionamientos:
¿Qué otros instrumentos periciales, qué otras diligencias confirman esos dichos contra los militares? Si el entonces coronel, luego premiado con un ascenso a general, recibía dinero sucio del narco, se habrá enriquecido. ¿Ya existen evidencias de los millones que habría recibido de los criminales? ¿Ya indagaron en el sistema bancario? ¿Ya revisaron sus recursos y los de toda su familia y sus posesiones y empresas, si acaso las tienen?
¿Y si resulta que el coronel no se enriqueció sino que estaba sujeto a la ley narca de (poca) plata o plomo y temió denunciar su estado vulnerable porque hubiera arriesgado a su familia?
¿O todo es tan desaseado, como en el sexenio pasado, que esto del general es realmente una simulación de Encinas, el Presidente, la FGR y la Sedena, y el militar quedará libre por falta de pruebas, y como estrategia final el gobierno y la Fiscalía culparán a los jueces?
Qué vergüenza dan. Pero todos, ¿eh?, los de antes y los de ahora.
¿Y los padres de los 43, con estos infames vaivenes que les imponen? Que se jodan con su sufrimiento, ¿no?
Cuánta miseria política hay en este país, la verdad.
BAJO FONDO
El Presidente nos debe explicaciones. Dijo que ha recibido presiones de todos lados y de todo tipo para dinamitar el caso. Esos dichos no pueden quedar así, como una guacamaya que parlotea al aire, porque se trata de un asunto de seguridad nacional. ¿Quiénes lo presionan? ¿Qué tipo de presiones recibe? ¿Generales lo han amagado?
En la mañanera los reporteros deben exigir detalles de semejantes acusaciones presidenciales.
AL FONDO
Los ciudadanos también tenemos derecho a saber con toda claridad porqué renuncio el fiscal del caso, Omar Gómez Trejo. ¿Qué irregularidades vio en el caso? ¿Gertz Manero
quería encubrir a generales y por eso le quitó recursos humanos para trabajar hasta asfixiarlo? ¿Desechó Gertz Manero pruebas que incriminaban seriamente a militares?
¿O renunció porque le descubrieron que no tenían sustento sus trabajos y los de Encinas para culpar a militares y satisfacer a los activistas que llevan ocho años pidiendo cabezas militares sin importarles que los sicarios queden libres?
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Twitter: @jpbecerraacosta