Es 3 de febrero de 2015 en Los Pinos. El presidente Enrique Peña Nieto anuncia que la Secretaría de la Función Pública realizará una investigación sobre el posible conflicto de intereses en que habrían incurrido él (a través de su esposa, Angélica Rivera) y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, cuando adquirieron residencias a empresarios cercanos al priista, gente que había sido beneficiada por medio de multimillonarios contratos de obras públicas.
¿Quién haría la “investigación”? Un cercano a Peña Nieto, Virgilio Andrade, ahí mismo nombrado secretario de la Función Pública, eso sí, entre abrazos, palmadas y sonrisas del propio presidente. Cero pudor. Ostentación sin restricciones. Insolencia absoluta.
Tiempo después, el caballero exoneró a Peña Nieto y Videgaray de cualquier irregularidad en la compra de la famosa Casa Blanca y la Casa de Malinalco, y en el otorgamiento de contratos a empresarios cercanos a ellos.
Fue un acto de simulación para ocultar la rampante corrupción que ya se iba documentando en el gobierno de los fees, de las jugosas comisiones para otorgar contratos, y de los cuantiosos desvíos de recursos federales y estatales que acabarían en las llamadas estafas maestras.
Volvamos a Los Pinos. Los reporteros de la fuente guardaron silencio luego del absurdo anuncio presidencial, eso de que iba a ser investigado por una especie de leal compadre.
Peña Nieto volteó a ver a uno de sus colaboradores y espetó, en alusión a los periodistas:
“Ya sé que no aplauden”. Luego salió del salón donde había transcurrido el acto.
No quedó claro si se quiso hacer el gracioso, si fue un desplante de cinismo, o si pensó que nadie lo escucharía (quizá asumió que el sonido del micrófono había sido apagado), pero el comentario se oyó nítidamente y quedó grabado en video.
Tenía razón Peña Nieto, los periodistas no estamos para aplaudir a ningún gobierno, para prodigarle zalamerías, sino para escrutar y criticar a quienes asuman el poder (cualquier poder), se trate de quien se trate. Y como al ejercer el poder prácticamente todos los políticos son iguales, unos años después, el 27 de agosto de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un arrebato similar: ese día anunció que su gobierno logró un acuerdo con las empresas de gasoductos y pidió a los reporteros reunidos en Palacio Nacional un aplauso.
“¿A poco la prensa no aplaude?” cuestionó el Presidente, luego de tomarse una foto con los empresarios. Hasta donde constaté, solo un par de focas, además de él y los empresarios, aplaudieron.
No, los periodistas no somos activistas aplaudidores, porque cesamos el oficio de pesquisar… y dejamos de ser periodistas.
Ahora bien, el que seamos implacables con los gobiernos y poderes no implica que saquemos de contexto información, que la ocultemos u omitamos, que la sesguemos, que la distorsionemos, que la manipulemos, y muchísimo menos que mintamos con tal de ser “políticamente correctos”, todo con el fin de convertirnos en una especie de héroes opositores en la jungla de las redes sociales.
Equilibrio, rigor y sobriedad son buenas palabras para ejercer el periodismo.
Y en ese sentido, hoy cuento con datos sobre la inseguridad que no tengo razón alguna para omitir, aunque se enojen hasta la iracundia los más anti AMLO:
1.- La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022, que dio a conocer el INEGI hace unos días, reporta que en 2018 hubo 33 millones de delitos ocurridos, y en 2021 bajaron a 28.1 millones, 4.9 millones menos, casi cinco millones de delitos menos.
2.- En 2018, cuanto terminó el sexenio de Peña, el 33.9% de los hogares de México contó con al menos un integrante que fue víctima de algún delito. La cifra descendió a 29% en 2021, una diferencia de 4.9 puntos porcentuales, prácticamente cinco puntos menos, lo cual, como marca el INEGI en su documento, es un cambio estadísticamente significativo: de 12.6 millones de hogares afectados en 2018, pasamos a 10.8 millones en 2021, que siguen siendo una barbaridad, pero son 1.8 millones menos.
3.- De acuerdo a la prevalencia delictiva en las personas que da el INEGI, en 2018 hubo 24.7 millones de víctimas, y en 2021 se trató de 22.1 millones de personas. Igual, es muchísima gente afectada, pero se trata de una reducción de 2.6 millones.
4.- La tasa de víctimas fue de 28,269 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2018, y de 24,207 en 2021, un descenso de 4,062 víctimas por cada 100 mil habitantes en lo que va del sexenio, en comparación con el último año de Peña Nieto.
5.- En la prevalencia delictiva, la tasa de víctimas del delito por sexo tuvo una baja en el caso de mujeres de 27,045 en 2018 a 23,309 en 2021. Y la de hombres pasó de 29,650 en 2018 a 25,253 en 2021.
6.- En la incidencia delictiva en las personas, el INEGI estima una tasa de 30,786 delitos por cada 100 000 habitantes para 2021, mientras que en 2018 fue de 37,807 delitos.
7.- Veamos ahora delitos que afectan cotidianamente a la gente, y que mueven mucho las percepciones ciudadanas, como son el robo o asalto en la calle o en el transporte público: la tasa de delitos de robo en la calle o en el transporte público por cada 100 000 habitantes fue de 10,775 en 2018 y bajó hasta 6,582 en 2021, de acuerdo a los datos del INEGI.
8.- La tasa de delitos de extorsión por cada 100 000 habitantes era de 6,542 en 2018 y bajó a 5,375 en 2021.
9.- Al indagar en los casos de secuestro de algún integrante del hogar, el INEGI encontró que en 2018 hubo 81,966 delitos de secuestro, y en 2021 fueron 63,131, que representan una cifra inadmisible, pero que reflejan una reducción de 18,835 casos.
La tasa por cada 100 mil habitantes en cuanto a las víctimas (prevalencia) fue de 63 en 2018 y bajó hasta 47 en 2021. Respecto a la tasa para delitos (incidencia), fue de 65 en 2018 y cayó a 49 en 2021.
Y 10.- Los costos de los delitos. Para 2018 el INEGI estimó, de acuerdo a los resultados de la ENVIPE 2022, que el costo total del delito como porcentaje del PIB fue de 1.54, y para 2021 ascendió a 1.55. Por el contrario, el costo en miles de millones de pesos fue en 2018 de 326 y para 2021 disminuyó a 278.9. El costo de la seguridad, de las medidas preventivas en miles de millones de pesos, en 2018 fue de 116.2, y en 2021 bajó a 104.6.
Ahí están esos datos. Sorry. No me odien a mí, yo solo soy el reportero que publica hechos.
Twitter: @jpbecerraacosta
