El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (proclamada en París por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948) es una belleza:
“1.- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”
¡Uf!, ojalá que todos tuviéramos garantizadas y luego satisfechas esas necesidades, empezando por un nivel de vida que nos asegure -y a nuestras familias- el derecho a la salud, entendido tal concepto como el derecho a la asistencia médica.
En México el tema está plasmado en el artículo 4 de la Constitución, con este breve fraseo:
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud (…).”
El derecho “a la protección de la salud”. La oración es correcta: nadie, ni tu mismísimo dios, te puede garantizar la salud, pero el Estado sí debe garantizarte la adecuada atención de tu salud y la de tu familia a través de clínicas, hospitales, médicos, enfermeras, medicinas, estudios de laboratorio y de imagen. Lo que se requiera, sobre todo para las personas más vulnerables, las que tienen menos recursos.
Desgraciadamente, al menos durante las últimas cuatro décadas (gobiernos del PRI y el PAN), eso siempre fue letra muerta para millones de mexicanos. Y hoy, hoy también es un buen deseo constitucional. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) nos acaba de dar a conocer las cifras más recientes sobre pobreza, miseria y derechos sociales y el panorama en el sector es muy alarmante, como publiqué aquí hace siete días: el porcentaje de personas con carencia por acceso a los servicios de salud pasó de 16.2% a 39.1% entre 2018 y 2022, lo cual representa 22 puntos porcentuales más (22.9). El enorme crecimiento implicó que pasáramos de tener 20.1 millones de personas en esa situación a contar con 50.4 millones de personas, treinta millones más (30.1).
Sin duda que la atención médica debe ser el asunto más importante a resolver para el próximo gobierno, además de la crisis de inseguridad que hay en varios estados.
Ahora, para efectos de esta columna, imaginemos que de pronto México ya es la versión americana de Dinamarca y que todo mundo tiene garantizados médicos, enfermeras, hospitales, estudios, medicinas, sin importar que se trate de los medicamentos más caros o de los procedimientos más costosos. Listo, el derecho al buen vivir, realizado.
¿Y si de pronto usted tiene una enfermedad terminal y ya no quiere vivir? ¿O si usted tiene una enfermedad que lo postra en la decrepitud luego de haber tenido una vida vital? ¿O si usted tiene complicaciones médicas y el tratamiento que le dan es desalmado porque sólo lo hace sufrir hasta ser denigrado en su dignidad? ¿Acaso no es un derecho humano el rechazar un tratamiento? ¿Y no es un derecho humano el buen morir? ¿No tiene derecho cualquier persona postrada a decidir que no quiere seguir endeudando a su familia y enriqueciendo a médicos, hospitales y farmacéuticas?
Ya escribí de esto dos veces. La primera ocasión fue en abril de 2017 (El buen morir, ya…se tituló la columna), cuando todo lo que podía salir mal durante una operación salió fatal, mi vida estuvo en riesgo, y estuve jodido en un hospital casi un mes, hasta que milagrosamente mi organismo reaccionó (los médicos ya no sabían qué hacer).
Ahora mismo estoy en una situación muy parecida y tecleo esto unas horas antes de entrar al quirófano por segunda vez en dos semanas. Lo que estoy padeciendo me ha hecho reafirmar que todos debemos tener derecho a una vida adecuada, a la debida atención de nuestra salud, pero también a una muerte digna.
Este es un asunto de libertad individual que debe ser legislado con ética y misericordia. Quien pretenda gobernar este país a partir de 2024 y erigirse como líder de “izquierda” tiene la obligación de abordar temas como este que forman parte de una agenda liberal y progresista que pondría a México a la vanguardia del mundo.
Lo demás, es grilla.
Twitter: @jpbecerraacosta