La Federación y los Estados de la República tienen una encomienda titánica cuando el tema es la implementación de la muy mencionada reforma laboral . Me atrevo a decir que incluso es de mayores proporciones que la del sistema penal de algunos años atrás.
Varias intentonas tuvieron su origen en el sexenio del Presidente Salinas de Gortari, negociando directamente con el entonces líder de la CTM Fidel Velázquez, a la par del Tratado del Libre Comercio de América del Norte, sin obtener éxito.
Hoy en día, además de aprender de los errores cometidos en la reforma penal, las autoridades deberán armonizar la legislación con un enfoque de respeto pleno a los derechos humanos y la inclusión transversal de la perspectiva de género en su diseño.
En el orden Federal se deberá aprobar la ley que dé origen al organismo público encargado de la conciliación y los registros sindicales. Estos registros dejarán de realizarse por las juntas locales de conciliación y por supuesto, quitarán poder político en ellas, dejando sólo al ámbito local la conciliación en sus respectivos centros. El reto en la dinámica del registro sindical será la mecánica y la accesibilidad al procedimiento mismo.
La adecuación al marco jurídico es un asunto que incluye a los congresos de las entidades federativas que, en algunos casos, deberán incluso modificar sus constituciones tomando en cuenta, sin duda, la muy relevante opinión del Poder Judicial. Desde mi óptica, la Corte es la institución mejor preparada para poner en marcha la reforma a través del Consejo de la Judicatura Federal.
Por otro lado, las juntas locales no tienen un trabajo fácil. Se enfrentan a una carga excesiva de asuntos por resolver. Deberán abatir el rezago para dar paso a los tribunales laborales, cuyo destino será formar parte del Poder Judicial.
No es un secreto tampoco, la preocupación del Poder Judicial en el orden local respecto de la migración de las juntas que ahora forman parte del Poder Ejecutivo: es bien sabido que no le resultará fácil aceptar la posibilidad de integrar en sus filas al personal que ahora labora en aquéllas. El nerviosismo se debe básicamente a dos motivos: su propio servicio profesional de carrera y la corrupción que existe en algunas juntas locales.
Como en todo gran reto, el tema presupuestario es también una limitante. Sin embargo, estoy convencido de que es mejor partir de un modelo idóneo realizando esfuerzos financieros, que implementar la reforma con la esperanza de realizar las mejoras en un futuro. Desde luego, dichos esfuerzos deberán ser eficientes y eficaces evitando despilfarros y las secretarías de finanzas –u organismos análogos–, deberán sensibilizar sus estrategias de implementación y los actores persuadirlas bajo un enfoque costo-beneficio.
Un sistema de impartición de justicia laboral eficiente es un excelente argumento para incentivar a las empresas a invertir sus capitales en nuestro país. Los inversionistas buscan –entre otras cosas- un escenario donde las leyes se respeten, haya seguridad y exista estabilidad laboral. Sin duda, considero que el último de estos conceptos es el menos costoso, financieramente hablando.
La estrategia nacional está en curso, los retos son muchos. ¿Se cumplirán los plazos para la implementación de la reforma? ¿Los Estados cuentan con el financiamiento suficiente para ello? ¿La reforma verdaderamente alcanzará su finalidad (la paz laboral)? Veremos.
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro. Twitter @JuanMena100
