La acción de testar no solo refiere a hacer un testamento sino también a la supresión de la información por medio de algún mecanismo que impida verla, es decir, y traducido del abogañol, a tachar datos que puedan ser considerados sensibles.
Ahora bien, habrá que mencionar que la sensibilidad de la información —su carácter confidencial o clasificado—, no depende arbitrariamente de quien la posee, ni mucho menos es una cuestión de absoluta discrecionalidad por parte de las autoridades.
No hay que olvidar que la transparencia debe ser la regla y la opacidad la excepción, que todo Estado de Derecho debe entender el acceso a la información como una herramienta que complementa la defensa de los derechos humanos.
En ese sentido, se pensará que el Presidente actuó conforme al principio de máxima publicidad en el caso del General Cienfuegos , cuando ordenó que se ponga a disposición del pueblo de México todo el expediente que envió el Gobierno estadounidense. ¡Transparencia plena!, gritó López Obrador, afirmando que dichas acciones las realizaba para que el expediente “pueda ser consultado, revisado, investigado, por quien lo desee”.
Sin embargo, el documento de miles de páginas que de forma inmediata sacó a la luz la actual administración, de manera paradójica, está repleto de líneas y recuadros de color negro, o sea que, contradictoriamente, la mayor parte de su contenido se encuentra testado y, por ende, resulta ilegible.
La utilización de los “█████████” en cualquier documento de carácter gubernamental es permitido por el propio ordenamiento jurídico, siempre y cuando, un comité de transparencia de la institución aludida justifique el por qué de dicha decisión y motive que la información en cuestión puede causar más perjuicios que beneficios.
El uso indiscriminado de “█████████” implica una minuciosa labor colegiada. Antes que un simple mandato presidencial, que el mero dicho del Titular del Ejecutivo y la obediencia ciega de sus subordinados, el testar miles de palabras, cientos de párrafos e incluso páginas completas, debe ser un diligente ejercicio de rendición de cuentas y no una descarada maniobra para salir del paso.
Cuando la autoridad responsable decide omitir toda justificación sobre cada línea tachada —como alardeando de su incompetencia y dejando en evidencia que en estos casos la rapidez resulta más efectiva que la laboriosidad—, en definitiva, el expediente de Cienfuegos destapa más dudas que respuestas: ¿Quiénes fueron los encargados de testarlo? ¿Existió un comité de transparencia? ¿Se aplicará alguna sanción por el descuido? ¿Por qué se ocultaron preconcebidamente documentos que son públicos como las declaraciones patrimoniales del General? ¿Sabía el Presidente que el documento es indescifrable? ¿Eso eso garantizar la “transparencia plena”? ¿Con qué argumentos se puede seguir pidiendo la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI)?
No obstante, todas esas preguntas, tarde que temprano, habrán de ser respondidas gracias a que desde hace años se han venido estructurando leyes e instituciones que pueden garantizar el derecho a la información pública, organismos autónomos que se encargan de enmendar la plana a autoridades indolentes y desobligadas.
El camino ya se ha andado en diversas ocasiones, será lo mismo de siempre, el cuento de nunca acabar hasta que el INAI, a instancias de un tercero, accione un procedimiento largo y engorroso para demostrarle a la actual administración que la Ley de Transparencia y los múltiples acuerdos del Sistema Nacional de Transparencia están para cumplirse, para dejar en claro que el derecho a estar informados no es algo que existe solo porque López Obrador así lo quiera.
Tristemente, la vaguedad y el hermetismo en el uso que muchos políticos le dan al Derecho termina por afectar la vida de millones de personas, pues, sus interpretaciones discordantes y el manejo enmarañado de la ley, al final del día, se cristaliza en una completa inexistencia de la noción de transparencia.
Se supone que vivimos, o aspiramos a vivir, en un Estado de Derecho y, por tanto, es indispensable que quienes nos gobiernan al tiempo que crean leyes, también se encarguen de respetarlas.
Habrá que insistir; claro que se puede testar, claro que tachar cientos de páginas es válido, pero esto solo es posible si la ley lo permite. Si esto no es así, quedará en evidencia que los “█████████” en el expediente de Cienfuegos han servido para desmentir eso de que “nada ni nadie por encima de la ley”, que, claramente, los únicos intocables en este país son los altos mandos del ████████.
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
