A puerta cerrada y sin ofrecer razones, el Tribunal Electoral (TEPJF) revocó un acuerdo del INE que exigía que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no interviniera en el proceso electoral de este año, a propósito de sus conferencias de prensa matutinas. Se trata de una decisión opaca —algo por demás paradójico en una institución aficionada a la retórica de la justicia abierta y la transparencia—, que emplea argumentos insostenibles y que pone en riesgo la validez de las próximas elecciones. Estamos, para decirlo pronto, frente a uno de los mayores descalabros de la justicia electoral.
El caso era, en términos estrictos, jurídicamente sencillo. En la conferencia matutina del 23 de diciembre de 2020, el presidente arremetió contra el anuncio de la alianza opositora conformada por el PRI, el PAN y el PRD. Les dijo de todo: representantes del antiguo régimen, defensores de privilegios, la corrupción, la inseguridad y la violencia”. Añadió, hablando ya como vocero de Morena, que esos partidos querían “que ya no tengamos una representación mayoritaria en la Cámara de Diputados”, para así “quitarnos el presupuesto” y “quitarles el presupuesto a los pobres”.
Con estas declaraciones, AMLO violó el artículo 134 de la Constitución, el cual señala que todos los servidores públicos, sin excepción, “tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”. La implicación es directa: ni las mañaneras ni ningún acto oficial que sea financiado con dinero del Estado puede utilizarse con fines electorales.
Dicha intromisión fue denunciada ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión de Quejas de este organismo ordenó que el presidente debía abstenerse de realizar actos que implicaran una violación a los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad. Esto se impugnó y, en una primera sentencia, el TEPJF revocó la determinación de la Comisión. En dicha ocasión, el razonamiento del tribunal fue bastante extraño, pues mencionó que por la “importancia” del caso y sus “particularidades”, no debía ser la Comisión de Quejas, sino el Consejo General del INE quien debía pronunciarse sobre los dichos de AMLO a fin de fijar un “criterio general”.
El Consejo General cumplió con lo ordenado. En una sesión pública, con sus once integrantes presentes y deliberando, y con la asistencia de representantes de los partidos políticos, el Consejo estableció un catálogo de temas sobre los que no pueden pronunciarse los servidores públicos cuando actúan con ese carácter. La lista es larga —vida interna de los partidos, manifestaciones a favor o en contra de candidatos, partidos, alianzas y coaliciones, etcétera— pero, en el fondo, sólo desarrolla lo que la propia Constitución dice con claridad.
Pero el Presidente se inconformó, su Consejero Jurídico volvió a impugnar y el TEPJF se pronunció una vez más —con la particularidad de que ahora lo hizo de una peor manera—. En una sesión privada, sin deliberación pública y en total opacidad, la mayoría de los magistrados electorales revocaron la decisión del INE. Descaradamente, la noticia de este hecho no se conoció, como debería ser, por la sentencia, sino por vías informales: un magistrado tuiteó una infografía, luego —como ya ha venido siendo costumbre en esta presidencia— se emitió un boletín tan vago como engañoso y hasta se compartió un video con una entusiasta “explicación” sobre lo sucedido. Habrá que recordar lo evidente, pero el absurdo y ornamental modelo de comunicación política de los magistrados electorales en absoluto sustituye la deliberación de las sesiones públicas y los razonamientos de las sentencias en los casos que deben decidir.
Durante días no se conoció nada sobre cómo es que se llegó a los motivos de la revocación. Sin embargo, una vez averiguados, la verdad es que no hay nada nuevo bajo el sol. Esta decisión del Tribunal se suma a un cúmulo de sentencias jurídicamente insostenibles, pero políticamente redituables para agradar al poder en turno, a un elenco de bochornosos errores que han ido destruyendo la poca legitimidad que le queda a una institución decadente.
Quizá la diferencia es que en el caso de las mañaneras las mentiras que enarbola la determinación de Sala Superior rayan en el cinismo, pues mientras se afirma que el INE se excedió en sus competencias, al mismo tiempo el TEPJF olvida que lo solicitado era un criterio general más allá del caso concreto, debiendo de tener en cuenta que el mandado del 134 constitucional no aplica solo al Presidente. En igual sentido, es una vil falsedad —como se afirma en el boletín de prensa— que hubo una indebida delegación por parte del INE para resolver el asunto. Dado que el Tribunal mencionó que era indispensable fijar ese criterio por lo novedoso, lo cierto es que, una vez establecido el criterio general, lo natural es que sea la Comisión de Quejas y no el Consejo General quien se pronuncie.
Los efectos de la decisión son previsiblemente nefastos. El TEPJF debilita la eficacia de las medidas cautelares y abre la puerta para que todos los servidores intervengan en los procesos electorales, poniendo en riesgo un principio fundamental de todo proceso: la equidad. Tan importante es este valor que, cuando se viola gravemente, se abre la puerta para la anulación. Eso, precisamente, fue lo que alegó AMLO en 2006 por la intervención (mucho más velada) del entonces presidente Vicente Fox.
Las lecciones son nítidas. Estamos ante un tribunal rendido a las presiones del poder presidencial. Decir que la máxima institución jurisdiccional en materia electoral es medianamente independiente es hoy insostenible. Resulta una anomalía democrática que la mayoría de los magistrados de Sala Superior voten constantemente a favor de Morena en los casos de la mayor relevancia y que como árbitros no defiendan la Constitución sino los caprichos de AMLO.
El panorama se torna por demás complicado de cara a la elección más grande en la historia democrática de México. Que el cinismo del TEPJF, antes que ser una invitación a desentenderse de su trabajo, sea un llamado para vigilarlos y analizar seria y críticamente sus sentencias. Si queremos una mejor democracia, hoy más que nunca hace falta vigilar a los vigilantes.
Los autores son, respectivamente, investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.
