Hace una semana, en estas mismas páginas, ofrecimos cinco razones por las que no se debía prorrogar el mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar , y de todos los miembros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Bernardo Bátiz, José Antonio Cruz, Verónica de Gyvés, Alejandro González, Sergio Molina y Loretta Ortiz. Advertimos sobre lo grave que resultaría aprobar un artículo transitorio que violaba directamente la Constitución y enfatizamos que el Senado, echando mando las peores trampas parlamentarias, abrió una posibilidad que nunca debería haber estado a discusión.
De ahí que la sesión para discutir las leyes secundarias que desarrollan la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados resultaba crucial. Sin embargo, lo inevitable sucedió. A deshoras y de espaldas a la Constitución, la mayoría del órgano más representativo de nuestra democracia dejó pasar la oportunidad de discutir, con seriedad y rigor, los cambios más importantes al sistema de justicia desde 1994 y se aferró en aprobar una regla que podría generar un daño irreparable a la legitimidad de todo el Poder Judicial.
Así, antes de desarrollar algunas consecuencias que inevitablemente provocará tal irresponsabilidad, es necesario dejar constancia sobre el grotesco papel que realizaron los diputados de Morena, el PT y el Verde, que a pesar de estar conscientes de la inconstitucionalidad de la medida —llegando incluso al absurdo de que un diputado aceptó que la ley que él mismo respaldaba debería ser impugnada e invalidada judicialmente—, no tuvieron pudor alguno en apelar a una lógica por demás peligrosa: que mayoría legislativa mata supremacía constitucional.
Por eso, en estos momentos trascendentales para el devenir de la justicia, vale la pena llamar a las cosas por su nombre: los legisladores que anteponen su lealtad a López Obrador y no a la Constitución, simple y sencillamente, merman una democracia ya de por sí bastante endeble, pues al no responder a racionalidad alguna, es evidente que les resulta más redituable hacer el ridículo con tal de no incomodar a sus líderes.
Y es que, cuando el propio Presidente de la República , o incluso su Consejero Jurídico —alguien que precisamente está para asesorar y recordar que no todo lo políticamente redituable es constitucionalmente legítimo—, enturbian el panorama con imprudentes declaraciones que justifican ilegalidades en aras de su afamada transformación, es a todas luces inadmisible que teniendo las posibilidades de hacer dichos cambios de la manera correcta (es decir, a través de reformas constitucionales) elijan la vía más tramposa e inmoral.
En ese sentido, habría que destacar el comunicado difundido por el presidente de la SCJN minutos después de que se aprobó su ampliación. En la parte más relevante, Zaldivar dijo: “Ejerceré el cargo de Presidente de la SCJN y del CJF por el periodo para el cual fui electo por mis pares y estaré a la determinación de la SCJN respecto del precepto en cuestión” . La primera parte parece dejar en claro que Zaldívar sólo será presidente por cuatro años —el periodo para el que fue designado—, pero la segunda deja una duda: ¿qué hará Zaldívar si la Corte no invalida el transitorio? Por fortuna, en una entrevista posterior, fue enfático: “que quede claro, yo no quiero dos años más”, dijo. Si honra su palabra, el presidente de la SCJN y del CJF no deberá ejercer su cargo un día más allá de los cuatro años que la Constitución le permite. Incluso si el transitorio no se impugna o la SCJN no lo invalida, Zaldívar deberá renunciar a la presidencia al concluir ese periodo.
Pero mal haríamos en dejar de señalar que este galimatías constitucional sólo tendrá solución si otros actores también asumen su responsabilidad. Por una parte, el resto de los consejeros deberán hacer una promesa idéntica: señalar, con contundencia, que solo serán integrantes del CJF por cinco años, tal y como establece expresamente el artículo 100 constitucional. Por otra parte, las minorías parlamentarias en el Senado y la Cámara de Diputados, por elemental congruencia, tienen el deber de presentar acciones de inconstitucionalidad en contra de la ampliación del mandato. Y, por último, las y los ministros de la SCJN deberán, en su momento, invalidar por unanimidad una de las peores aberraciones jurídicas de la historia democrática de México.
Pero más allá de cual sea sea el destino del transitorio, lo cierto es que desde ahora es posible prevenir al menos tres consecuencias, tan nefastas como previsibles, derivadas de la ampliación del mandato de Zaldívar y del resto de los integrantes del CJF.
1. La reforma es un claro intento de captura que amenaza la independencia de todo el Poder Judicial de la Federación
Durante los últimos días, el grueso de la atención mediática ha estado concentrada en la ampliación del mandato de Arturo Zaldívar como presidente de la SCJN y del CJF. Pero no olvidemos que, como cínicamente ha reconocido el presidente López Obrador, lo más importante es la ampliación del mandato de todos los integrantes del consejo. Es importante recordar que el CJF es el encargado de nombrar, vigilar, suspender, sancionar y hasta remover a cientos de juezas, jueces, magistradas y magistrados federales. Es difícil no entender la prórroga del mandato de los integrantes del CJF —algunos de los cuales han sido nombrados por el Senado controlado por Morena y por el propio López Obrador— como un intento de Morena por limitar y capturar a la judicatura federal. Independientemente de lo que suceda con la validez de la reforma, lo cierto es que hoy las y los integrantes del PJF, muchos de los cuales han tomado decisiones que no gustan al poder presidencial, saben que desde el poder político se intenta limitar su independencia judicial.
2. La reforma pondría en entredicho la validez de los actos de la presidencia de la SCJN y de todo el CJF
Si el transitorio no se invalida o si los involucrados no renuncian, a partir de la fecha posterior a que concluyan sus respectivos períodos constitucionales todos los actos de la presidencia de Zaldívar o de los integrantes del CJF podrían ser impugnados y, eventualmente, revocados. No es difícil ver las complicaciones que esto generaría para la gobernanza de todo el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con una sanción que imponga el CJF cuando algunos de sus integrantes —o, peor aún, la mayoría— estén desempeñando más allá de su periodo constitucional? ¿Qué pasaría con todas y cada una de las determinaciones que tome Zaldívar en su carácter de presidente de la SCJN? En una situación así generaría una tormenta de amparos y una afectación evidente a los principios más elementales de certeza y seguridad jurídica.
3. La reforma afectará negativamente la dinámica interna de la SCJN
Más allá de que López Obrador ya ha insistido en que ninguno de los otros ministros son aptos para liderar la reforma judicial —como haciéndose de la vista gorda sobre las implicaciones que conlleva respaldar una ley privativa y, sobre todo, menospreciando las capacidades de quienes integran a la Suprema Corte, incluso de aquellos miembros que él nominó—, la verdad es que una de las más graves consecuencias de la ampliación es que los acuerdos al interior del máximo tribunal se verían profundamente trastocados. Como ya lo hemos dicho, el procedimiento de designación del presidente de la SCJN ha sido muy costoso para esta institución. Desde hace varias renovaciones de ese cargo, los ministros en su afán de ocupar el puesto más importante en la judicatura han demeritado su trabajo judicial, al coquetear (en detrimento de su autonomía) con representantes de los otros poderes para conseguir su apoyo en el proceso. Esto sin considerar el enorme tiempo que dedican aquellos ministros que inician su campaña a la presidencia de la Suprema Corte con cuatro o más años de antelación. Si la reforma judicial no modificó el procedimiento de elección de ministro presidente y ahora, de buenas a primeras, se quiere alterar tal aspecto, no cabe duda de que cuando se llegue el momento de suceder a Zaldívar, tal proceso será todavía más turbio, a sabiendas de que las negociaciones y acuerdos entre ministros no serán transparentes.
En suma, la ampliación de mandato de Zaldívar y de los integrantes del CJF es uno de los episodios más bochornosos de la historia judicial reciente. Como hemos mencionado, en estos momentos el turno le corresponde tanto a los legisladores de oposición como a los integrantes del Pleno de la SCJN. Esperemos que, a través de la presentación y resolución de acciones de inconstitucionalidad , los integrantes del máximo tribunal del país actúen como jueces constitucionales y no, como a veces ha sucedido, como funcionarios que se claudican ante las presiones de los otros poderes. La decisión dictada en en la consulta popular, en la cual una mayoría de ministros se puso del lado de los caprichos presidenciales y no del lado de la Constitución, es un permanente recordatorio de que la independencia judicial se defiende (o se pierde) a golpe de sentencias. Nada sería peor para la legitimidad de la SCJN y de todo el Poder Judicial que una decisión que no frene un evidente atropello a la Constitución.