La mayoría del agua disponible en México está contaminada. De acuerdo con un análisis de la Red Nacional de Medición de Calidad de Agua (Renameca), más del 70% de los pozos y ríos disponibles en México presentan contaminación con metales pesados.
Además de metales pesados, el agua es el principal agente conductor de virus y bacterias con afecciones a la salud tan graves como la poliomielitis, la fiebre tifoidea, el cólera, la disentería y la hepatitis A.
México es un país de 129 millones de habitantes que necesita, por lo menos, 250 millones de litros diarios de agua para satisfacer la demanda básica. Sin embargo, la renovación y tecnificación de la infraestructura hídrica no ha ido de la mano con el crecimiento demográfico del país, lo que hace que, a pesar de los procesos de potabilización, las probabilidades de que el agua que llega hasta nuestro grifo esté contaminada son altísimas.
Ante esta realidad, empezaron a proliferar a lo largo y ancho del país pequeños negocios de expendio de agua para consumo humano, comúnmente denominados “rellenadoras. Actualmente, el INEGI contabiliza más de 24 mil de estos negocios. Dicha cantidad sólo habla de los formalmente establecidos, pero la realidad es que todos los días abren nuevas “rellenadoras” de manera clandestina, con procesos de purificación de agua que van de nulos a insuficientes, lo que se traduce en que, de acuerdo con un estudio del Instituto Politécnico Nacional, 7 de cada 10 garrafones que venden estos negocios estén contaminados.
La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) es la encargada de regular a estos comercios. Sin embargo, es evidente que dicha institución no tiene la capacidad para fiscalizar a las “rellenadoras” que inician operaciones todos los días.
Ante este escenario que tiene repercusiones graves en la salud pública, algunos estados han empezado a legislar para dotar de facultades a los municipios en el otorgamiento de permisos de “rellenadoras” de agua y para la clausura de las mismas en caso de que incumplan con los estándares de purificación de agua.
En agosto de este año, el congreso local de Oaxaca, a propuesta del diputado Nicolás Enrique Feria Romero, fue el primero en aprobar una ley en ese sentido; en septiembre la diputada local de Coahuila, Claudia Elvira Rodríguez Márquez, presentó a su vez un punto de acuerdo que igualmente pretende seguir la misma ruta que el oaxaqueño.
Sin duda, son pasos en la dirección correcta, pues a nivel local es donde se tiene información más cercana sobre la apertura y operación de este tipo de negocios que, en su mayoría, lucran con el agua a costa de la salud de los mexicanos.
Ojalá que más entidades se sumen a esta escasa lista. Es importante que se visibilice el complejo problema del agua en México, que parte desde la preservación de las fuentes de abastecimiento, la extracción y manejo del agua, la mejora en la infraestructura hídrica, la correcta gestión de la misma, así como de las aguas residuales y el control en la comercialización de la misma.
Lo que dejemos de hacer como país hoy, tendrá repercusiones muy fuertes en el México del mañana.
Presidente de la Asociación mexicana para la correcta hidratación, AC, Agua EN México.
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