En México tenemos un gran rezago en materia de uso y gestión del agua. Simplemente hay que ver algunos datos para darnos cuenta de la situación que estamos viviendo: una tercera parte de los habitantes de zonas urbanas carece de servicios de agua potable, drenaje y/o saneamiento de manera continua; en zonas rurales son 2 de cada 3 personas quienes padecen dicha escasez.
Para quienes sí reciben agua potable en su casa, más del 60% del agua que llega tiene algún tipo de contaminación, ya sea por bacterias, sales o metales en exceso. Además, el 80% de las fuentes de abastecimiento, es decir, pozos, ríos, presas, etc., está contaminado. Si hablamos de reúso del recurso, menos del 40% del agua de drenaje es tratada.
La CONAGUA ha otorgado casi 515 mil títulos de concesión para sustraer agua, sin embargo, hay un sinnúmero de extracciones no reguladas y una cantidad incontable de descargas clandestinas. Es decir, existe un marco normativo, pero la autoridad no vela para que éste se cumpla.
Pongamos un ejemplo en específico: en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México, existe la preocupación legítima por las implicaciones de la extracción del agua de la presa para el abastecimiento de la Ciudad de México, así como la contaminación del agua en las inmediaciones de dicha presa.
En las últimas semanas la presa ha presentado niveles muy bajos, lo que evidenció descargas irregulares de casas que la rodean hacia el embalse de la misma. Durante años estos inmuebles estuvieron contaminando la presa sin que nadie lo notara. Pues bien, en Valle de Bravo no existe un acuerdo entre Municipio, Estado y Federación para definir qué instancia es la responsable del problema. Ello denota falta de comunicación, poca vigilancia y nula capacidad para sancionar a quienes incurren en esa práctica.
A nivel federal se han promovido algunas reformas que han sido insuficientes. Menciono algunas de las más recientes:
-Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (2018): buscaba fortalecer la protección y conservación de los bosques, que son las principales fábricas de agua, sin embargo, hay falta de sanciones ante la tala inmoderada.
-Reforma a la Ley General de Bienes Nacionales (2018): trata de garantizar el uso sustentable de los recursos, incluyendo el agua.
-Reforma a la Ley de Aguas Nacionales (2021): tuvo como objetivo fortalecer la gestión integral del agua y garantizar su uso sustentable. Se enfocó en la protección y conservación de los ecosistemas acuáticos, y en mejorar la cultura del agua. Esta ley no establece los mecanismos y aplicación de sanciones.
-Además, existen varias normas como la NOM-127-SSA1-1994, donde se establecen los límites permisibles de agua potable, pero sin buscar un balance real para la hidratación. Esta norma no se cumple en la práctica. Diariamente aparecen nuevos negocios rellenadores de agua que no cumplen con los mínimos requisitos y son una potencial fuente de enfermedades para la población.
Debemos de exigir a nuestros legisladores que generen leyes, reglamentos y normas para cambiar la realidad de la gestión del agua en nuestro país. Al mismo tiempo, debemos exhortar al Ejecutivo de los tres niveles, que haga cumplir la normatividad y sancione a quienes contaminan o extraen agua de manera irregular.
Con ello, podemos cambiar nuestra realidad y garantizar tener agua suficiente y de calidad para las futuras generaciones. También será necesaria una visión de corresponsabilidad, donde todos seamos parte de la solución y no del problema.
Presidente de la Asociación Mexicana para la correcta Hidratación, AC (Agua en México)
