La Reforma Eléctrica planteada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión podría "instaurar" un monopolio en toda la cadena de valor del sector y terminaría lesionando la economía de las familias y de las empresas mexicanas con el alza de las tarifas, según advirtió la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) al Congreso de la Unión.
Valdría la pena no echar en saco roto lo advertido por el órgano autónomo y analizar con cuidado sus argumentos, pues estamos frente a un escenario en el cual el país podría vivir una regresión en materia energética.
Analicemos la recomendación emitida el pasado 3 de marzo por la Cofece en la que considera que la iniciativa no debería ser aprobada, porque va en sentido contrario a consolidar un modelo basado en la competencia para la generación y suministro de energía eléctrica.
"La iniciativa renuncia de manera tajante al modelo de competencia para sustituirlo por un modelo industrial verticalmente integrado y operado por un monopolio estatal no regulado, que ha sido abandonado en muchos países por su ineficiencia, incapacidad de atender la demanda, altos costos e impacto negativo en las finanzas públicas y el medio ambiente", argumenta la Comisión.
Afirma que, de 50 países en desarrollo en el mundo, solo tres tienen monopolios estatales como el que pretende establecer México: Burkina Faso, Irak y Tayikistán. Por lo tanto, "se aparta claramente" de la tendencia mundial y de la evidencia internacional sobre los beneficios asociados a la incorporación de competencia en el mercado eléctrico.
Entre los aspectos negativos detectados por la Cofece, se encuentra que el Estado manejaría la generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, sería el único comprador de la misma, determinaría las tarifas y tampoco garantiza una mejora del servicio a los consumidores ni motiva inversiones en tecnologías eficientes y limpias.
"No se incluyen mecanismos para asegurar que la electricidad generada (tanto por la CFE y, en su caso, por privados) y despachada en el sistema, sea la menos costosa", sostiene la Cofece.
Y añade: "se contempla la cancelación de todos los permisos de generación y contratos de compraventa de electricidad vigentes con el sector privado", si bien el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado en sus conferencias de prensa que los acuerdos actuales se van a mantener.
Cofece subraya que, aunque la Iniciativa Privada podrá participar en la generación de hasta el 46 por ciento de la energía requerida por el país, el comprador sería la CFE y, a partir de entonces, se concretaría no solo un monopolio, sino un monopsonio, en toda la cadena de valor.
La proyección es que esa nueva forma de operar la energía eléctrica "provocaría un aumento de tarifas que lesionaría el bienestar de los consumidores y la posición competitiva de las empresas, o bien habría un desvío de recursos para subsidiar un servicio público ineficiente".
El documento insiste en que el marco regulatorio actual es "congruente y coincidente" con las políticas eléctricas adoptadas en décadas recientes por países desarrollados y en vías de desarrollo que mantienen elementos de competencia a la industria eléctrica, especialmente en generación y suministro”.
La Cofece tiene antecedentes de actuación legal por decisiones del gobierno federal en materia eléctrica, con sendas controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Política de Confiabilidad de la Secretaría de Energía en mayo de 2020 y del decreto de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica aprobado en abril de 2021, esta última pendiente de resolver.
En el debate que está por venir en el Congreso sería un error pasar por alto lo recomendado por la Cofece; en el contexto mundial actual una mala decisión en materia de energética, en especial en el caso de la generación y suministro eléctrico, podría rezagar el desarrollo del país y hacer que México pierda competitividad ante otros jugadores en el mundo.
La elección se reduce a optar por un modelo de competencia y libre concurrencia con reglas claras y garantías para todos, o un monopolio de Estado. Es esta la enorme relevancia de la decisión en manos de nuestros legisladores.
