Todo indica que el régimen no está dispuesto a escuchar en forma alguna al cúmulo de voces que vienen pronunciándose acerca de los peligros de la mal llamada reforma judicial.
Entidades financieras y calificadoras nacionales y extranjeras, representaciones diplomáticas, congresistas y funcionarios de estado de nuestros socios comerciales, la relatoría especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces y abogados, la Asociación Internacional de Jueces en Roma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cámaras de comercio de distintos países en México, organizaciones de los sectores de manufactura, médico, químico, energético, industrial, tecnológico, servicios y minero de los Estados Unidos de América, el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo de Empresas Globales, CANACINTRA, la Barra Internacional de Abogados, la Barra Mexicana de Abogados, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, facultades de derecho de universidades públicas y privadas de prestigio incluyendo la UNAM, la Universidad Iberoamericana, el ITAM, la Universidad Panamericana, La Salle México, el CIDE, el ITESO, y el ITESM, entre otras.
Ni los han visto ni los han escuchado y la reforma sigue su franco camino hacia la aprobación en Cámara de Diputados durante los primeros días de septiembre.
Hay que insistir en el tema y decirlo clara y contundentemente, lejos de abonar a la eficiencia en la impartición de justicia mediante el fortalecimiento y la dignificación de la carrera judicial y el robustecimiento de la independencia del poder judicial -elemento esencial en cualquier democracia liberal-, lo que se pretende, engañando a la gente, es cooptar a la judicatura mediante la falacia de que la elección de jueces federales mediante voto popular va a solucionar el problema, incorporando en paralelo limitaciones y restricciones sumamente preocupantes a mecanismos de defensa constitucional y protección de derechos humanos de personas físicas y de minorías parlamentarias, de entidades federativas y municipios y suprimiendo atribuciones y tutelas que el sistema jurídico mexicano ha desarrollado en beneficio de todos los justiciables durante las últimas décadas.
Tratándose de controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad planteadas en relación con normas generales esta reforma impedirá que su admisión dé lugar a la suspensión de la norma cuestionada y que en el caso de juicios de amparo en los que se reclame la inconstitucionalidad de normas generales en ningún caso pueda otorgarse una suspensión con efectos generales. Además, en el caso de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias podrán dictarse con efectos generales.
¿Suena familiar?, desde luego que sí. Lo anterior no abona en forma alguna a una revisión de fondo del sistema de administración de justicia. Constituye, eso sí, una represalia del Poder Ejecutivo en turno en contra de los controles constitucionales que de forma eficaz y en cumplimiento de su mandato han sido activados por jueces, magistrados federales y ministros, frenando con ello iniciativas de ley claramente inconstitucionales que han sido gestadas en forma dolosa o cuando menos ineficaz desde el Poder Ejecutivo y cínicamente solapadas en el Poder Legislativo.
Lejos de abonar a una solución del tema de fondo, la reforma va a plantearle en forma absolutamente innecesaria una camisa de fuerza a la administración por comenzar a cargo de la Dra. Sheinbaum.
Esta reforma pondrá en una situación de suma vulnerabilidad a la nueva administración en la revisión del T-MEC durante el año 2026, el tratado comercial de mayor relevancia en el planeta que genera más de una decena de millones de empleos directos e indirectos en el país y exportaciones por arriba de 1,800 millones de dólares diariamente.
La situación económica del país está experimentando síntomas de enfriamiento y ralentización. Son necesarias medidas apremiantes que impulsen el crecimiento económico y esto pasa necesariamente por contar con inversiones privadas de largo plazo que generen empleos de calidad y permitan al régimen que pretende continuar la Dra. Sheinbaum, entre otras cosas, seguir fondeando programas sociales.
Las reformas que propone aprobar el Presidente a un mes de dejar el cargo trastocarán nuestra endeble democracia y proyectarán al país como un socio comercial que resulta cada vez más incómodo y menos confiable.
Líder de la práctica transaccional de Santamarina y Steta
