En las más severas crisis contamos con los océanos: la prueba para diagnosticar el coronavirus emplea unas enzimas que provienen del mar profundo, y gran parte del escualeno requerido para la fabricación de las vacunas contra la COVID provienen de los océanos. Es el océano también un proveedor de bienes y servicios ambientales absorbiendo el 30% de las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono.
De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF-por sus siglas en inglés) el flujo anual de los activos más importantes de los océanos se estima en 2.5 billones de dólares – si los océanos fueran un país sería la séptima economía mundial; como referencia el PIB de México es de 1.04 billones (menos de la mitad del valor estimado para los Océanos).
Una de las actividades más importantes en los océanos es la pesca. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO-por sus siglas en inglés), la producción mundial de pescado es de aproximadamente 179 millones de toneladas, con un valor anual en playa estimado en 400 mil millones de dólares.
Sin embargo, todo esto está en riesgo; de acuerdo con la FAO en la década de los años setenta el 40 por ciento de los recursos pesqueros tenían potencial de desarrollo; hoy en día sólo el 6 por ciento puede desarrollarse. De acuerdo con el Banco Mundial cada año se pierden 83 mil millones de USD respecto a lo que se obtendría si se tuviera un manejo óptimo de los recursos naturales.
Una de las propuestas más aceptadas para manejar las pesquerías y dejar de tener las pérdidas generadas por la sobreexplotación es el manejo compartido entre gobiernos y productores, mejor conocido como co-manejo.
En México tenemos ejemplos de esquemas de co-manejo, definidos en Normas Oficiales Mexicanas tales como el Comité Consultivo para el manejo de la Curvina Golfina en el Alto Golfo de California (NOM 063) o los Subcomités Regionales de Administración de las Pesquerías de langosta (NOM-006), por mencionar algunos; sin embargo, las estructuras legales en México sobre las que se han construido esquemas de co-manejo dependen de esfuerzos muy particulares de parte del sector productivo o de organizaciones de la sociedad civil, pero no existen las condiciones institucionales, jurídicas y administrativas que hagan del co-manejo una práctica generalizada.
Nuestros socios comerciales de América del Norte están avanzando hacia la construcción de un co-manejo pesquero más generalizado a través de las estructuras de manejo regionales. En el caso de Estados Unidos el manejo pesquero se hace a través de 8 consejos regionales. Cada consejo tiene su propia estructura de gobernanza y define a sus integrantes. En el caso de Canadá la administración pesquera también se hace a través de regiones pesqueras; pero el ejemplo de co-manejo más notable se da en el caso de los pueblos originarios, que con el paso del tiempo han empezado a replicar en otras pesquerías.
En México los consejos estatales de acuacultura y pesca sientan las bases para un co-manejo en el que federación, estados, productores, academia y organizaciones de la sociedad civil participen en el manejo pesquero; sin embargo, no lo han logrado. La regionalización a una escala adecuada que considere la distribución de los recursos pesqueros y la movilidad de la flota, que tenga una estructura plural con liderazgo de las instituciones federales y que cuente la con esquemas de gobernanza flexibles que permitan ir aumentando las atribuciones conforme vayan madurando los consejos, acercaría a México hacia esquemas de co-manejo funcionales y capaces de generar resultados. Es además indispensable que estos órganos de co-manejo regional incluyan aspectos de derechos humanos, combate a la pobreza, equidad de género y reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, como parte de su mandato.