Con el propósito de debilitar al Poder Judicial, la mayoría oficialista en el Congreso se apresta a propinar un nuevo golpe contra la división de Poderes y los contrapesos institucionales, esto mediante la eliminación de los fideicomisos y un severo e injustificado recorte presupuestal.
Lo anterior, es una clara venganza política por la lealtad a la Constitución que han demostrado la mayoría de los miembros de la Suprema Corte. Llama la atención que antes de que la ministra Norma Piña fuera presidenta, el Ejecutivo federal no tenía en su radar la destrucción del Poder Judicial.
En Cámara de Diputados la mayoría parlamentaria y sus aliados aprobaron en comisiones la iniciativa para extinguir 13 de los 14 fideicomisos con que cuenta el Poder Judicial, equivalentes a 15 mil millones de pesos, esto supuestamente para quitar privilegios de que gozan las y los ministros.
Es importante precisar que, contrario a lo que ha sostenido el presidente López Obrador: 1) ninguno de estos fideicomisos contempla recursos para cubrir las prestaciones de ministras y ministros, en cambio sí afectará seriamente los derechos laborales de los trabajadores, pues la mayor parte de los recursos se destinan a seguridad social, salud, vivienda y pensiones. El principal perjudicado es el personal operativo que representa el 60% de la plantilla laboral.
2) De realizarse un recorte al presupuesto solicitado por la Corte, alrededor de 84 mil millones de pesos, se comprometería la independencia judicial e incluso, pondría en riesgo la operatividad del Poder Judicial, pues el 80% se destina al pago de personal que garantiza el funcionamiento de tribunales y juzgados; 3) aunado a que para 2024 se deben crear nuevos órganos jurisdiccionales para cumplir con la justicia laboral conforme al T-MEC.
Con el recorte presupuestal al Poder Judicial y la desaparición de fideicomisos, el retraso en la resolución de expedientes aumentará, habrá justicia a modo, se violarían los derechos humanos de las minorías, y se lograrán menos sentencias.
De acuerdo con México Evalúa, en 2020 el 94.8% de los delitos cometidos en el país no ve una salida, ni tienen una sentencia, pero tampoco un acuerdo entre las partes, ni reparación del daño, en muchos casos ni llegan a juicio y quedan varados en el archivo temporal.
La organización Impunidad Cero señala que en México de cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven. Esto quiere decir que la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto en nuestro país es tan solo de 0.9%.
El denominado Plan C que tiene el presidente para controlar a la Corte, se concretaría con la elección por voto popular directo de las y los ministros.
De elegirse mediante este método es probable que en algunos casos reciban el apoyo de partidos políticos, organizaciones o del mismo gobierno, comprometiendo con ello su independencia e imparcialidad. No podemos ser ingenuos ante el riesgo que representa que las y los ministros electos, respondan a las visiones e intereses del poder político.
No es casual que prácticamente en ningún país del mundo se recurra a la elección por voto popular de sus jueces constitucionales. Con excepción de Bolivia, en donde su asamblea legislativa selecciona a las y los candidatos de su tribunal constitucional para participar en una elección popular. La experiencia es que los que fueron apoyados por el gobierno, autorizaron la reelección ilimitada del entonces presidente Evo Morales, a pesar de que su Constitución permitía la reelección una sola vez.
Las consecuencias de la cooptación de jueces o ministros es peligrosa, no solo porque debilita la división de Poderes, sino porque habría una clara afectación a la impartición de justicia, siendo los más perjudicados las y los ciudadanos.
De concretarse la destrucción del Poder Judicial seguirá el abismo, porque México podría convertirse en el país de un solo hombre, el presidente.
Defendamos a la Suprema Corte y al Poder Judicial. La impartición de justicia no le pertenece a los partidos políticos. Nunca en la historia de México, las y los ministros se han elegido mediante consulta popular, no lo permitamos.
Senadora de la República