"Mi responsabilidad como ministra de la Corte es no ceder a más presiones que las que provienen exclusivamente del cumplimiento de mi mandato como jueza constitucional”, ministra Norma Lucía Piña Hernández. (NLPH)
"La justicia no se consulta porque resulta que afecta los mecanismos protectores de los derechos humanos y los derechos humanos propiamente dichos", ministro Javier Laynez Potisek. (JLP)
"Se estima inconstitucional porque involucra la restricción de las garantías para la protección de los derechos humanos. Los derechos humanos no son negociables", ministro Luis María Aguilar Morales. (LMAM)
"Los jueces constitucionales no somos nombrados para ser o para ganar popularidad. La Suprema Corte tiene como función esencial salvaguardar la supremacía de la Constitución y garantizar el respeto de los derechos humanos, aún muchas veces contra el deseo de las mayorías". JLP
“El artículo 35 constitucional vigente no permite consultar derechos, y esos principios deben respetarse, y confirió a esta Suprema Corte vigilar que su voluntad plasmada en la Constitución no sea defraudada". NLPH
"Al identificar y señalar con claridad a las personas a las que se propone investigar penalmente puede estimarse contrario al principio de presunción de inocencia y del debido proceso penal, lo que evidentemente vulnera los derechos humanos". LMAM
“¿Desde cuándo un jefe de Estado necesitaría de una consulta para ver si realiza o instruye a sus órganos o a sus unidades administrativas que dependan del Ejecutivo para buscar elementos para que se haga justicia?". JLP
"Es inconstitucional porque pone en riesgo los derechos de las víctimas y de las personas ofendidas por los hechos presuntivamente sancionables a los que se refiere la solicitud". LMAM
"La Constitución no prevé consultas consultivas, todas son vinculantes si alcanzan votación, y así se dijo en el proceso legislativo que dio lugar a la reforma de nuestra Carta Magna". NLPH
“No puede ser materia de consulta el ejercicio que es obligatorio de las atribuciones que tienen las autoridades competentes en materia de procuración y administración de justicia”, ministro Jorge María Pardo Rebolledo.
"Como órgano protector de la Constitución, no puede ni debe avalar una consulta cuya materia es contraria a los derechos humanos, insisto, no solamente los expresidentes, sino de todos”. JLP
"Ni nuestra Constitución ni nuestras leyes establecen obstáculo alguno para llevar ante la justicia penal a los expresidentes que hubieren cometido algún delito; si las autoridades tienen información sobre la posible comisión de delitos, su responsabilidad y su obligación es denunciarlo inmediatamente ante la Fiscalía". NLPH
"Es violatoria del principio de igualdad, debido a que no está justificado por qué a unas personas —en este caso, expresidentes— se le somete al escrutinio público, mientras que al resto de las personas de este país no se les da ese mismo tratamiento”. LMAM
“La consulta formulada conlleva la violación y, por consiguiente, la restricción de algunos derechos como son los de presunción de inocencia hasta no ser sentenciado y a un debido proceso para ello”, ministro José Fernando Franco González Salas.
“No es posible realizar una consulta popular que condicione la vigencia de los derechos humanos a lo que decida un grupo de la población, los derechos humanos y sus garantías son indisponibles y, mucho menos, pueden ser restringidos en una consulta popular ni por nadie". LMAM
Y así ha quedado escrito para la historia de la Corte, de la democracia y de nuestro país.
La ministra y los otros cuatro ministros honraron su juramento cuando protestaron "guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciere que la nación se lo demande".
Seis ministras y ministros de la Corte deberán enfrentar la demanda de una nación urgida de Estado de derecho, y de haber supeditado su juramento a un propósito político de consecuencias aún incalculables.
Senadora de la República
