El presidente no deja de sorprendernos. En su mañanera afirmó: “no fueron elecciones de Estado como las que se llevaron a cabo durante décadas y siglos en México, la gente se portó muy bien, los que pertenecen a la delincuencia organizada, en general bien, muy pocos actos de violencia de estos grupos”.
El reconocimiento que le escatimó al INE por la exitosa organización de las elecciones, a los miles de ciudadanos y ciudadanas que cuidaron las casillas, y a los candidatos y candidatas que no solo compitieron en esta contienda sino que hasta perdieron la vida, se lo otorgó al crimen organizado asumiéndolo como parte de nuestra sociedad, lo que me parece una aberración.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se entiende por crimen organizado a grupos de personas que tienen una relación continua y obtienen ganancias por medio de una variedad de actividades delictivas y clandestinas con fines de lucro.
Por tanto, los criminales son aquellos que violan la ley, que atropellan los derechos de otros, quienes amenazan y quitan la vida. Por definición propia, los criminales son todo lo contrario a las personas de bien.
El crimen representa una amenaza para la sociedad, es un estado dentro del Estado.
Basta con darle una revisada a los datos del Indicador de Violencia Política en México, realizados por la consultora Etellekt, para decir que el crimen nunca se porta bien, pues del 7 de septiembre cuando arrancó el proceso electoral, al 5 de junio, un día antes de las elecciones, fueron asesinados 91 políticos, de los cuales 36 eran aspirantes o candidatos, y de éstos, 31 buscaban la presidencia municipal.
Tal es el caso de Ivonne Gallegos en Oaxaca; Alma Rosa Barragán en Guanajuato; Abel Murrieta en Sinaloa; Analuci Martínez en Jalisco, Antonio Hernández en Guerrero, entre otros.
Al crimen organizado se le debe responder con todo el peso de la ley y no otorgarle impunidad, mucho menos un certificado de buena conducta. Reconocer que el crimen se portó bien es un absurdo, es un atropello a la legalidad, a la propia Constitución, y las señales que se mandan son preocupantes porque abonan a la falta de certeza jurídica.
Los que asesinan, extorsionan, amenazan, roban, trafican drogas, secuestran, invaden, lastiman, hacen de niñas y niños sicarios y halcones; los que cavan fosas clandestinas con miles de desaparecidos y han convertido a nuestro país en un cementerio, son criminales.
El "halago" de que se portan bien los debe tener festejando, mientras millones de mexicanas y mexicanos enfrentamos cotidianamente el terror y el miedo.
Medios de comunicación como Animal Político reportan que la evolución de la violencia ha sido la siguiente: en el primer cuatrimestre de 2015 se registraron 5 mil 695 asesinatos; para el mismo periodo de 2016 la cifra subió a 6 mil 705; en 2017 siguió subiendo a 8 mil 844; en 2018 se disparó a 10 mil 869; y en 2019, ya en el actual sexenio, volvieron a crecer hasta los 11 mil 599 asesinatos.
Que el primer cuatrimestre de 2020 cerró con otro récord al alcanzar los 12 mil 66 asesinatos; mientras que este año, la cifra se contuvo en mil 595 homicidios y feminicidios.
Y que del total de personas asesinadas de enero a abril de 2021, 386 eran menores de edad, y todavía hay quienes se atreven a decir que el crimen se porta bien.
Es imperante que el gobierno deje de justificar su actuar, de pensar en políticas de abrazos. Se requiere combatir al crimen con toda la fuerza del Estado, de dejar de ser tibios con quienes nos tienen contra la pared.
Necesitamos que ya no haya pueblos fantasmas ante las amenazas de los criminales, necesitamos que se atienda el tema de las autodefensas para hacer valer su derecho a una vida segura, necesitamos dejar de leer que por lo menos 30 mil menores son reclutados por las organizaciones criminales, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Necesitamos recuperar la tranquilidad que nos han robado y apostar por el Estado de derecho y la construcción de la paz, y para ello, no caben los aplausos a los grupos criminales.
