Cuando se pierden las libertades, se amedrentan los derechos humanos, se extermina con la democracia, el autoritarismo y el totalitarismo entran por la puerta grande, eso es justamente lo que sucede en Nicaragua.
La ambición por el poder ha llevado a que el actual gobierno, encabezado por Daniel Ortega, haya detenido y allanado a cinco precandidatos presidenciales, a defensores de derechos humanos, a periodistas y civiles.
En Nicaragua el poder sucumbió las libertades. Una tercera reelección para un cuarto mandato presidencial tiene como objetivo apoderarse del país sudamericano que actualmente vive una fuerte crisis social, política y económica.
La represión que se vive en Nicaragua no es reciente, lleva dos años, desde aquella manifestación el 18 de abril de 2018, cuando un grupo de nicaragüenses protestaron en contra de las reformas a la seguridad social, las cuales consistían en aumentar los costos y reducir los beneficios.
La respuesta del denominado gobierno de izquierda fue reprimir a los civiles con armas por parte de la policía y paramilitares, hecho que terminó con la muerte de más de 328 nicaragüenses, más de 2 mil heridos, cientos de presos y 100 mil emigrados, de acuerdo con los datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este suceso fue calificado por el gobierno de Ortega como “el fallido golpe de Estado”.
Desde ese año levantar la voz en ese país está prohibido. Ya lo dijo Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH): “es materialmente imposible para la gente manifestarse, porque prácticamente el país vive un estado de sitio. Nadie puede manifestarse en grupos ni de dos o tres personas, porque inmediatamente son acosados por la policía o por fuerzas paramilitares".
"Desde que oficialmente prohibieron cualquier tipo de manifestación pública, es muy difícil salir a la calle. Están allanando casas, están sacando a la gente de sus casas. Hay una situación de represión increíble, que supera cualquier recuerdo de las represiones que en otros tiempos se vivieron con motivo de las dictaduras en Latinoamérica”.
La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha señalado que la crisis de derechos humanos “no sólo no presentan visos de ser superada, sino que se han agudizado de manera alarmante”, por lo que los nicaragüenses no estarán en condiciones de ejercer su derecho a elegir libremente en los comicios de noviembre, en donde Ortega va por la reelección.
Y es que para el 7 de noviembre del año en curso, Nicaragua tendrá elecciones para renovar la presidencia, y a seis meses de ello, la paz y la concordia no se vislumbran, por el contrario, Ortega ha expresado que los detenidos son “criminales” que pretenden “derribar el gobierno”.
Esta represión sin duda no es de ahora, solo que hoy es ya un terrorismo sin tapujos, para que así, gradualmente, se vayan perdiendo las libertades.
Es inconcebible que la respuesta ante la violencia y la represión sea la de no firmar ni apoyar la declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), respaldada por 59 países, en donde se hace un llamado a no vulnerar los derechos humanos, a liberar a los opositores detenidos y a celebrar elecciones libres.
No basta con decir que se deben garantizar las libertades y que no debe haber represión, cuando lo que se requiere es que todas las naciones encuentren una salida que detenga el abuso de poder, el autoritarismo y el totalitarismo.