La protección de datos personales es un derecho fundamental que genera bienestar en las personas, empoderándolas por una doble vía, por una parte, permitiéndoles exigir empresas y gobiernos eficientes, eficaces y responsables en el manejo de la información, y por otra, conocer y ejercer sus derechos y libertades a través de su autodeterminación informativa, basada en el conocimiento del valor de sus datos personales, facultándoles decidir con quién, por qué, para qué, cuándo, durante cuánto tiempo y cómo serán utilizados.
No obstante, al estar prevista inicialmente como una excepción en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se asoció fuertemente con la confidencialidad e información clasificada.
De manera gradual se fue desarrollando su alcance, y, con mayor frecuencia, los responsables identifican que la confidencialidad es sólo uno de los pilares de la seguridad de la información, que se complementa con la protección de la disponibilidad e integridad, es decir, que los datos puedan utilizarse y que éstos sean correctos.
En el sector público, las finalidades relacionadas con el tratamiento de datos impulsan el desarrollo sostenible de la sociedad y sus efectos se multiplican con el uso de las TICs, dando muestra del nivel de empoderamiento ciudadano a través de los datos y la aplicación del conocimiento.
Así, las políticas públicas de combate a la pobreza, hambre, desigualdad y salud adquieren una nueva dimensión en la implementación de soluciones efectivas con técnicas de análisis, como minería de datos y big data; por ejemplo, estableciendo mecanismos para evaluar la eficacia de los programas de apoyo social en función de su impacto en las dimensiones de pobreza, utilizando datos de los padrones de beneficiarios de los tres niveles de gobierno. Tratándose de la salud pública, pueden conducirse acciones de prevención y erradicación de enfermedades, basadas en análisis predictivos de información clínica disociada.
En la gestión pública, la interoperabilidad entre bases de datos de registros gubernamentales relacionados con trámites y servicios permite que la ciudadanía no tenga que presentar requisitos que ya obren en el propio gobierno, disminuyendo tiempos y costos con ventanillas virtuales, sin poner en riesgo los datos. En la fiscalización de recursos públicos, es posible generar controles, revisiones y alertas inteligentes cuando algún procedimiento no se lleva a cabo conforme a los parámetros adecuados, inhibiendo corrupción.
Para ello la organización de los datos resulta esencial y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados ha fijado como cimiento la obligación de implementar un sistema de gestión, sustentado en un ciclo de mejora continua (planear, hacer, verificar y actuar).
Por su parte, la participación de la ciudadanía digital exige una transformación a todas las organizaciones e instituciones, por lo que los esquemas de gobierno electrónico y abierto se vuelven mecanismos fundamentales para incrementar la eficiencia, eficacia, economía e impacto de sus acciones a través de la seguridad de los datos.
Así, la protección de datos personales es una herramienta eficaz para el bienestar, a fin de preservar los aspectos más preciados de los seres humanos como lo son la vida, la libertad, el patrimonio, la seguridad y la dignidad.
Comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI)
@JosefinaRomanV
