Los avances tecnológicos se han convertido más que en herramientas que facilitan nuestra vida, en elementos indispensables para nuestro vivir; prácticamente es imposible concebirnos sin el teléfono celular, el internet, o las múltiples aplicaciones diseñadas para brindarnos productos y servicios.
Ciertamente, esta época marcará el devenir de la historia, pues el uso de las tecnologías en prácticamente todas y cada una de las áreas de nuestra vida y, cuya utilización se ha visto exacerbada por el COVID19, sirve como pauta de una era digital que, a su vez, requiere de un esquema de gobernanza en el que los ciudadanos adquieren un papel preponderante. Un modelo de Gobierno abierto.
Este modelo, que tomó impulso a partir del famoso Memorando de Transparencia y Gobierno Abierto, emitido por el presidente Obama al iniciar su administración, en el año 2009, conceptualmente encuentra su piedra angular en los principios de transparencia, participación y colaboración ciudadana, todos ellos con miras a mejorar la rendición de cuentas y proveer a los ciudadanos información sobre la gestión gubernamental a fin de participar en la generación de políticas públicas.
En ese sentido, el papel del INAI es trascendental, pues como Órgano garante de la transparencia y el derecho de acceso a la información posibilita a los particulares y a los organismos de la sociedad civil acceder a datos abiertos reutilizables y a información sobre el quehacer público y el ejercicio de los recursos ¿qué se hace?, ¿cómo se hace?, ¿para qué se hace?, ¿con cuánto dinero y quién lo hace?; datos a partir de los cuales pueden formular, políticas, propuestas y estrategias públicas para el bienestar común, pues son éstos quienes conocedores de las necesidades y problemáticas que les aquejan, pueden aportar ideas y soluciones concretas para satisfacerlas o solucionarlas, logrando así una participación y colaboración real y efectiva.
En ese contexto, el Gobierno abierto se concibe como un cambio de paradigma en la gestión pública; un mecanismo para empoderar a los ciudadanos, pues son éstos quienes deciden la manera en que quieren ser gobernados procurando siempre el beneficio de la sociedad. Un esquema donde el eje central para la toma de decisiones no está en el gobierno sino en la ciudadanía.
En algún foro sobre gobierno abierto, en el que tuve oportunidad de participar, expertos en la materia nos compartieron un caso de éxito: a partir de datos abiertos, publicados sobre hospitales en zonas rurales, un colectivo de la sociedad civil determinó las razones del alto índice de muertes durante el parto en regiones con un número considerable de centros hospitalarios; el resultado fue sorprendente: la especialización es más importante que la cantidad; en los poblados con un solo nosocomio especializado en ginecobstetricia la mortalidad era menor que en aquellos que contaban con varios hospitales de atención general.
En este caso, la información pública como elemento que incidió en un beneficio tangible para la colectividad, fue evidente. Sin lugar a duda, el Gobierno abierto es un modelo de gobernanza que busca transformar la relación entre la administración pública y la sociedad para fortalecer nuestra democracia con la transparencia, colaboración, participación y rendición de cuentas como pilares a partir de los cuales pueden generarse soluciones conjuntas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
@JosefinaRomanV
