La intervención del expresidente Zedillo vale por sí misma. Hay que leerla porque es una toma de posición seria, argumentada, con conocimiento de causa. Es una reivindicación de lo realizado en términos democráticos y un llamado de atención sobre la regresión que está en curso y lo que serán sus nefastas consecuencias. Desde el inicio lo señala: se había autoimpuesto no comentar sobre las políticas en curso, pero ante la pretensión de destruir mucho de lo edificado, creo que hace bien en no guardar silencio. Es demasiado lo que se encuentra en juego.
Dos son las reformas fundamentales que reivindica y que se llevaron a cabo en su administración. Y en una sociedad sin memoria (como creo que lo son todas) y dado lo que inventa el actual gobierno hace bien en volver a ponerlas sobre la mesa: 1) la del Poder Judicial y b) la electoral.
Sobre la primera, dice: “se trataba de fortalecer la independencia y las capacidades del Poder Judicial”. Se requeriría una Corte que pudiera “declarar inconstitucionales las leyes y acciones del gobierno”; que el máximo tribunal dejara de estar subordinado al titular del Ejecutivo para hacer realidad la división de poderes. Volviendo a lo dispuesto originalmente por la Constitución de 1917, el Senado elegiría a los ministros de ternas que enviaría el presidente, los cuales debían “cumplir con estándares bien especificados y de un rigor sin precedentes”. Para la confección de las ternas se recibieron propuestas de “las barras de abogados, instituciones académicas de Derecho y distinguidos juristas”. Y dice el expresidente: “Fue un motivo de especial satisfacción para mí el no haber tenido nunca relación profesional, política o personal previa con ninguna de las once personas elegidas”.
A partir de esa reforma, a través de controversias y acciones de inconstitucionalidad, la Corte se fue convirtiendo en un auténtico tribunal constitucional y ejerció un arbitraje entre poderes que antes de manera oficiosa realizaba el presidente de la República.
De la electoral destaca el método con el que se acordó y por supuesto sus contenidos. El presidente acudió a la sede del Congreso para hablar con las diferentes bancadas y abrir un proceso de negociación que se extendió, y que se realizó bajo la premisa de que todos deberían estar de acuerdo con las reglas del juego. Aquella reforma intentó ser omniabarcante para pavimentar de una vez por todas el terreno de la contienda electoral. Es la reforma que excluyó al gobierno de la organización de las elecciones, convirtiendo al IFE en un Instituto cabalmente autónomo; la que edificó condiciones equitativas para la contienda a través del financiamiento público a los partidos y su acceso a los medios de comunicación; la que diseñó el gobierno democrático para la ciudad capital, e inauguró la elección del jefe de gobierno y los entonces delegados; creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial, máxima autoridad jurisdiccional, para resolver los conflictos y controversias en la metería; diseñó las fórmulas de traducción de votos en escaños para la Cámara de Diputados y la de Senadores, entre otras. Es decir, una reforma, con el concurso de todas las fuerzas políticas, que acabó por solidificar las condiciones para la competencia-coexistencia de la diversidad política.
Ahora, compare aquello con lo que está realizando la coalición lidereada por el presidente López Obrador y verá, sin ningún problema, quién activó resortes democráticos y quién desea edificar un régimen autoritario.
Profesor de la UNAM