El miércoles 6 de septiembre nos enteramos de una muy buena y otra muy mala noticias. Vamos por partes.
1.Ese día la Corte declaró la inconstitucionalidad de los artículos del Código Penal Federal que criminalizaban el aborto. Eran las disposiciones que convertían en delincuentes a quienes “hicieran abortar a una mujer” incluso con el consentimiento de ésta; a los “médicos, cirujanos, comadronas o parteras” que intervinieran en la interrupción del embarazo y por supuesto a las mujeres. Las penas de cárcel eran parte de las sanciones (artículos 329-334).
Se trata, sin duda, de un gran triunfo del movimiento feminista que desde la década de los setenta del siglo pasado planteó que criminalizar el aborto solo desembocaba en prácticas clandestinas, sin las necesarias condiciones higiénicas y con secuelas de persecución y miedo que afectaban a las mujeres y a quienes las auxiliaban.
En una muy clara y elocuente exposición, GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida), quien fue la organización que presentó el recurso ante la Corte en septiembre del año pasado, explicó los alcances de la votación en el máximo tribunal del país: “1. Todas las mujeres… podrán acceder a abortos en instituciones federales de salud. 2. El personal médico de las instituciones federales de salud no podrá ser criminalizado por ayudar a que alguien aborte. 3. IMSS, ISSSTE, Pemex, y cualquier institución federal deberán prestar el servicio de aborto en todo el país. 4. El Congreso de la Unión deberá eliminar el delito de aborto en el Código Penal Federal y 5. Todos los jueces locales y federales tendrán que implementar lo dicho por la Corte”. Creo, incluso, que las personas que hoy se encuentran en prisión por esos “delitos”, sea que estén siendo procesadas o hayan sido condenadas, deberán ser absueltas.
Se trata de una resolución que deberá lograr que la interrupción del embarazo se lleve a cabo en condiciones sanitarias dignas y seguras, asistida por profesionales y sin el temor de ser perseguida por eso. Sobra decir, pero más vale que hable Perogrullo, que a ninguna mujer se le obliga a abortar. Pero aquellas que recurran a ese expediente podrán hacerlo sin el temor a ser consideradas delincuentes.
Es una reivindicación feminista que viene de lejos. La idea de que, ante un recurso extremo, como lo es el aborto inducido, la decisión debe ser de las mujeres, y ni el Estado, ni la Iglesia, ni particulares diversos deben pretender coartar la voluntad de quien decide interrumpir su embarazo.
2. Ese mismo día, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció su pretensión de desaparecer 13 fideicomisos del Poder Judicial. Eso además de la intención anunciada por los diputados de su misma bancada de recortar de manera sustantiva el presupuesto de ese Poder para el año 2024.
La iniciativa de los diputados de Morena tiene muy poco que ver con la búsqueda de un manejo más racional de los recursos y está motivada por el afán reiterado de la presente administración por debilitar a todos los órganos del Estado que, por fortuna, no se han alineado a la voluntad presidencial. Se trata de un nuevo acoso contra el Poder Judicial porque el Ejecutivo y la mayoría del Legislativo no solo no han entendido que viven en una república con división de poderes, sino que consideran como enemigos a todos aquellos que cumplen con los mandatos constitucionales y no con los dictados del presidente.