Este no es un artículo novedoso. Todo lo contrario. ¿Cuántas veces he escrito sobre lo mismo? No obstante, la amnesia social, real o fingida, y el nulo aprecio que la actual administración tiene por lo edificado en materia electoral, reclaman repetir algunas cosas.
En las últimas décadas, México, sus fuerzas políticas, fueron capaces de construir un sistema electoral democrático que ha permitido la coexistencia y competencia institucional de su diversidad. No fue una aparición ni el resultado de una sola reforma o expresión política, sino un proceso largo y complicado al que concurrieron partidos, organizaciones civiles, medios de comunicación, académicos, y súmele usted. Enuncio sin jerarquía alguna.
Se abrió la puerta para la incorporación de agrupaciones a las que se mantenía excluidas del espacio institucional (1977).
Se reformaron las fórmulas de integración de las Cámaras del Congreso para reconocer, valorar e inyectarles pluralidad (destacadamente 1977 y 1996).
Se edificaron institutos electorales (el nacional y los estatales) con la intención de ofrecer garantías de imparcialidad (1990-2014).
Se crearon tribunales especializados, ofreciendo un cauce jurisdiccional para la resolución de conflictos y para terminar con la larga etapa de autocalificación de las elecciones (1993 y 1996).
Se construyeron condiciones equitativas para la competencia, activando las palancas del financiamiento público y el acceso a los medios de comunicación (destacadamente 1996 y 2007).
Se diseñó y puso en marcha un sistema electoral democrático para la capital para que dejara de ser un departamento del Ejecutivo Federal (1986-1996).
Se inventaron fórmulas para ofrecer resultados electorales de manera inmediata y desagregada para evitar su manipulación. Los conteos rápidos y los PREPs fueron inaugurados en 1994.
La integración de las mesas directivas de casilla con ciudadanos insaculados y capacitados, las urnas translucidas que se arman ese mismo día, la tinta indeleble que se coloca en el dedo pulgar, la credencial de elector con fotografía, las listas de electores que se entregan a los partidos, la aceptación de la observación electoral tanto de nacionales como de extranjeros (eufemísticamente llamados visitantes), las boletas impresas en papel infalsificable, y me detengo por falta de espacio, todo ello con la finalidad de ofrecer certeza de que la voluntad ciudadana sería respetada. Esas reformas macro y micro ayudaron a sedimentar la competencia de la diversidad, a generar fenómenos de alternancia en los diferentes niveles de gobierno y a la colonización de los legislativos por parte de la pluralidad política. También a expandir y fortalecer el ejercicio de las libertades y a la irradiación de una cierta tolerancia.
Todo ello, obra humana, puede ser repensado, reformado, ajustado. Pero sería algo más que una insensatez mayúscula destruirlo, como pretende el actual gobierno. Sería un atentado contra nuestra incipiente democracia.
Y del resultado de las próximas elecciones dependerán los eventuales escenarios: un congreso plural equilibrado quizá pueda revisar nuestro sistema electoral buscando el consenso de las fuerzas políticas y el avance progresivo en materia democrática; no obstante, una coalición legislativa con los suficientes votos como para reformar la Constitución podría destruir mucho de lo edificado, como ya lo intentó AMLO y por fortuna, fracasó.