Todos los días, sin dificultad alguna, constatamos que el actual gobierno ni quiere ni puede tomar en consideración a otras voces que legítimamente se expresan en el país. Desea ejercer su poder sin limitaciones, sin atender los diagnósticos y reclamos de otros, y por ello son incapaces de valorar lo que significa el acuerdo de diversas fuerzas políticas, sobre todo en terrenos en los cuales ese arreglo es necesario, como el electoral.
El 30 de enero, en la Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, el secretario de Gobernación propuso que el nombramiento de los 4 próximos consejeros electorales del INE (incluido su nuevo presidente) se realizara por insaculación, porque no deberían “suplicar” a las otras bancadas para la “construcción de una mayoría artificial constitucional”.
Se trata de un asunto relevante porque los elegidos pasarán a formar parte del máximo órgano de dirección del INE. Y por ello, en el pasado, el procedimiento de elección se llevó a la Constitución (algo que el presidente y su partido no pudieron reformar). Consiste en que la Cámara de Diputados emite una convocatoria para que aquellos ciudadanos que así lo deseen y llenen los requisitos se inscriban. Se integra un Comité Técnico que hace una primera evaluación y está compuesto por 7 personas, 2 nombradas por el Inai, 2 por la CNDH y 3 por la Junta de Coordinación Política de la Cámara. Ese Comité es el encargado de integrar quintetas de candidatos para cada cargo y las remite a la Cámara de Diputados. Dice la Constitución: “El órgano de dirección política (la Jucopo) impulsará la construcción de los acuerdos para la elección de los consejeros…”, porque para su nombramiento se requiere por lo menos el 66.6% de los votos, y como ningún partido tiene ese porcentaje de diputados, es necesario negociar y pactar. Dado que en algún momento la Cámara se dilató demasiado en hacer los nombramientos y el Consejo del Instituto funcionó sin estar totalmente integrado, ahora la Constitución establece que si el plazo se vence y no hay acuerdo o no se alcanza la votación necesaria, entonces la Cámara realizará el nombramiento por insaculación entre los integrantes de cada quinteta. Y si eso tampoco sucede entonces el Pleno de la Corte deberá hacer el sorteo.
Pues bien, el secretario de Gobernación ya le propuso a “sus” diputados darle la espalda a la posibilidad de forjar acuerdos con las otras bancadas e ir directamente al sorteo. ¿De verdad sentarse a la mesa con los representantes de otras voces presentes en el Legislativo resulta molesto o innecesario? ¿Deliberar, escuchar a los otros, negociar y eventualmente acordar, es sinónimo de “suplicar”? ¿No tiene sentido lograr el aval de todos los grupos parlamentarios en el nombramiento de los próximos consejeros? ¿Un acuerdo parlamentario incluyente es sinónimo de “construcción de una mayoría artificial”?
El sorteo está planteado en la Constitución como un último recurso, como una salida de emergencia, si los pactos se atoran, si no son posibles. La mayoría calificada para la elección de consejeros se estableció precisamente para que ninguna fuerza política en singular pudiera nombrarlos. De hecho, la norma lo que hace es inducir a los acuerdos como fórmula para que los consejeros, en principio, cuenten con el respaldo de (si es posible) la totalidad de los partidos. ¿Por qué no intentarlo? ¿No es un momento privilegiado para probar que la política puede ser superior al azar?
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