¿Usted cree, como yo, que estamos observando un proceso del que saldrá el candidato de Morena a la presidencia? ¿Que la renuncia de altos funcionarios del gobierno y del Legislativo se dio para participar en dicho proceso? ¿Que las giras que realizarán son para intentar ganar adhesiones de cara a las encuestas que decidirán al candidato? ¿Que las porras, alaridos y matracas para unos y otros son parte de una pre campaña electoral? ¿Que armaron equipos de trabajo para alcanzar su fin? ¿Que el Consejo Nacional del partido se reunió para aprobar las reglas de la contienda de la que saldrá su candidato a la Presidencia? ¿Que estableció los tiempos para la inscripción de los pre candidatos, las reglas para su promoción y otras disposiciones, algunas realmente curiosas, como la de evitar debates? Es decir ¿que estamos viendo una clara precampaña?
Pues usted y yo, según Morena y el presidente, estamos equivocados. Toda esa parafernalia, todos esos gritos y sombrerazos, toda la atención pública y los esfuerzos de los competidores son para alcanzar solamente la Coordinación del Comité de Defensa de la Transformación. No se confunda.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su artículo 226 que “durante los procesos electorales federales en que se renueve el titular del Poder Ejecutivo Federal y las dos Cámaras del Congreso de la Unión, las precampañas darán inicio en la tercera semana de noviembre del año previo al de la elección. No podrán durar más de sesenta días”. Y como eso lo saben los morenistas, porque buena parte de ellos impulsaron ese tipo de normas para equilibrar las condiciones de la competencia, pues entonces decidieron que de su proceso supuestamente no emergerá un candidato sino un coordinador.
Muy ingeniosos. Muy astutos. Le cambiamos el nombre y burlamos la ley. Si Paquito le mete dos balazos a su vecino y lo acusan de asesino, puede argumentar que solo fue coadyuvante de un desenlace que tarde o temprano tenía que suceder, dado que nadie es eterno. Su retórica no modificará la realidad, faltaba más, pero al nombrarla de otra manera, pretenderá que no se le aplique la ley.
La norma sin duda puede ser discutida, se puede revisar su pertinencia, incluso su intención, pero por lo pronto eso es harina de otro costal. Ni modo, la ley sí es la ley y transgredirla debe acarrear consecuencias.
No deja de llamar la atención la laxitud con la que nuestra sociedad asume, casi como algo natural, la violación a la ley. Hemos podido leer y escuchar agudas reflexiones sobre la sabiduría o no de las reglas que aprobó Morena, sobre las cualidades y taras de los precandidatos, sobre la sagacidad del presidente al acomodar sus fichas o sobre sus presuntas intenciones en el “juego sucesorio”. Es un espectáculo (bastante penoso y elemental digo yo) que pretende encantar y al parecer lo logra, por lo menos a ese circuito al que denominamos la opinión publicada.
Lo cierto es que con su desacato a la ley Morena y los suyos retan a las autoridades electorales. Generan un conflicto que no debió existir y obligan al INE y al Tribunal a actuar. Estos últimos no deben ser omisos, pero al jugar no al límite de la ley, sino por fuera de la ley, el oficialismo envenena de partida el largo proceso electoral diseñado no solamente para que la diversidad política pueda competir de manera pacífica e institucional, sino para que los electos asuman sus cargos de manera legítima.