Momentos estelares de la vida parlamentaria son, sin duda, la discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto. En ellos queda plasmada tanto los montos y fuentes estimadas de recaudación como los programas de la administración pública. No debería ser una rutina inercial sino el momento para reflexionar sobre las contrahechuras de la vida nacional y esbozar algunas soluciones a problemas de alto calado. Son muchas las necesidades y escasos los recursos y por ello se requiere abordar los retos con conocimiento y tratando de sumar diagnósticos. Y, sin embargo, fuimos testigos de una operación política en la cual la mayoría de los legisladores bloquearon cualquier posibilidad de efectiva discusión.
Paradójicamente, en marzo de 2021 la Cámara de Diputados aprobó un grupo de trabajo, coordinado por Alfonso Ramírez Cuéllar, para estudiar y proponer una eventual transición hacendaria, que presentó un valioso texto: Nuevas políticas públicas contra la desigualdad, que ofrece un giro en la materia. Se trata de un diagnóstico de nuestras carencias y de la necesidad de realizar una reforma tributaria que genere los recursos para atenderlas. No obstante, no se convirtió siquiera en un insumo para que el Congreso deliberara en serio sobre esos temas.
Más allá de la información y las propuestas del documento (que son lo fundamental), vale la pena subrayar algunas de sus virtudes que deberían anunciar una fórmula alternativa del quehacer político.
Se trata de una propuesta que ha buscado ser alimentada por muy diferentes agrupaciones porque entiende que el asunto requiere de diálogo y acuerdo. No desea ser una imposición y por ello se convocó a la participación de diputados y personas de diferentes orientaciones políticas y agrupaciones tan distintas como Fundar, México Evalúa, Oxfam México, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el PUED de la UNAM, la Coparmex, el Banco de México, el Inegi y muchas más. Ese intento de concertación, de diálogo e interacción, de comprender que temas de la complejidad de los abordados no soportan las visiones unilaterales, es en sí mismo un mérito que merece subrayarse, en tiempos de monólogos simplistas e improductivos.
La exposición inicia con los “requerimientos de gasto” en materias estratégicas: educación, salud, cuidados, seguridad pública, infraestructura, agua, pensiones. Se trata de atender necesidades a las que nadie en su sano juicio debería darles la espalda, pero que por desgracia viven un deterioro o insuficiencias abismales. Y, diría Perogrullo, para atenderlas se requieren recursos. Y es en ese terreno en el que el documento se vuelve no solo sugerente sino pertinente. Pero otra vez, no intenta dictar sus iniciativas, sino que propone la creación de un “Instituto de Estudios de la Hacienda Pública”, independiente y “capaz de elaborar recomendaciones técnicas, que promueva políticas fiscales sanas y que mida y evalúe la calidad del gasto y la estabilidad macroeconómica”, así como la realización de una Convención Nacional Hacendaria para actualizar la coordinación fiscal.
Se trata de un insumo de primer nivel, una exposición que se hace cargo de los profundos problemas e intenta enmendarlos y revertirlos. Un aporte que debería estudiarse y discutirse. En contraste, hemos observado el triste espectáculo de un Congreso que en su componente mayoritario se asume como un apéndice de la Secretaría de Hacienda. Un monólogo que resulta costoso para todos.
