El 10 de junio un infortunado joven fue linchado en una pequeña comunidad cercana a Huauchinango, Puebla. Acusado de pretender secuestrar a unos niños, Daniel Picazo fue golpeado y quemado vivo por una turba. Difícil imaginar una muerte más atroz. Quiero suponer que no es necesario subrayar las tintas: se trata de un acto bárbaro, inmisericorde y expresivo de una realidad salvaje.
En sí mismo espeluznante, es aún más preocupante porque según un Informe de la CNDH y del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, los linchamientos mantenían (¿mantienen?) una tendencia incremental entre 2015 y 2018 (fechas que cubre el trabajo). De 2015 a 2016 crecieron 37% y de 2017 a 2018, 190%, pasaron de 60 a 174. (Informe especial sobre los linchamientos en territorio nacional. 22 de mayo de 2019).
Intentando comprender el aterrador fenómeno, en el marco de la encuesta de percepción sobre seguridad ciudadana y convivencia nacional (Encove), se aplicó un cuestionario en algunos municipios de las cuatro entidades donde se tenían registrados más linchamientos entre 1988 y 2014. Y las respuestas de los entrevistados ilustran de manera nítida la más que difícil situación que se vive. A la pregunta “en términos de delincuencia, considera que vivir en su colonia es…”, el porcentaje de personas que contestaron “muy inseguro o inseguro” fue en la Ciudad de México el 75.3%, en Morelos 72.4, en el Estado de México 87.1 y en Puebla 74.5. Y la misma pregunta, pero ahora en relación al municipio, los porcentajes fueron mayores: Ciudad de México 79.7, Morelos, 83.4, México 90.9 y Puebla 79.8. Es decir, aunque los datos no requieren traducción, la inmensa mayoría de la gente en esos municipios vive con miedo producto de la inseguridad.
Quizá por ello, las respuestas de esas mismas personas fueron mayoritariamente aprobatorias del expediente de hacerse “justicia por propia mano”. Los siguientes son los porcentajes de aquellos que respondieron que están de acuerdo o totalmente de acuerdo con ello. Ciudad de México 58.4, Morelos 50.5, México 59.9 y Puebla 63.8. Y a la pregunta hipotética de si estarían de acuerdo en que los pasajeros del transporte público golpearan a quien se sube a robar, el de acuerdo y el totalmente de acuerdo se incrementa sensiblemente: Ciudad de México 77.5, Morelos 70.3, México 78.3 y Puebla 79.4.
Millones de personas en México se sienten —y con razón— inermes ante el crimen. Hay un vacío de autoridad que aprovechan los grupos y pandillas delincuenciales. La debilidad institucional genera una especie de ley de la selva en la cual los más fuertes (los armados) llevan las de ganar. Quizá sea el problema más agudo que vive el país y que sufren sus habitantes. La expansión sin freno de la violencia y el profundo déficit en la actuación de policías, ministerios públicos y jueces debería ser un punto fundamental de eso que llamamos la agenda nacional.
Hasta un niño de primaria sabe o debería saber que las instituciones estatales son, en primer lugar, para garantizar la seguridad de las personas y sus bienes. El más que conocido apotegma del Estado como monopolio de la fuerza legítima quiere decir que ningún particular puede ejercer la violencia contra sus conciudadanos. Por desgracia esto último no solo sucede, sino se expande corroyendo los pilares del Estado y también las relaciones sociales, hoy marcadas, en demasiados casos, por la sangre y el miedo.
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