La aplanadora legislativa de nuevo se puso a funcionar. Ahora para desaparecer a los órganos del Estado autónomos y concentrar sus funciones en el Ejecutivo. Hay que repetirlo: se trata de una aplanadora construida no con votos y violando preceptos constitucionales, es decir, espuria. Una mayoría dócil, una tropa que sigue sin chistar las órdenes de sus superiores. Y la intención de reconcentrar facultades en el Poder Ejecutivo ni siquiera se maquilla: las funciones de los órganos autónomos ahora las tendrán las secretarías de Economía, Energía, Función Pública, Educación y Comunicaciones y Transportes, todas ellas, sobra decirlo, dependencias de la Presidencia.
Esas comisiones e institutos, de reciente creación, acompañaron el proceso democratizador. Fueron resultado y motor de ese cambio. Se entendió que había tareas de Estado que el gobierno no podía cumplir cabalmente y que órganos no alineados con el presidente podían realizar de mejor manera y, sobre todo, ofrecer garantías a los ciudadanos de un accionar apegado a la ley. Un ejemplo elocuente.
El entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), antecedente del Inai, fue creado en 2002. Si mi memoria no está demasiado dañada, la historia fue más o menos la siguiente: un grupo de periodistas y académicos se reunió en la ciudad de Oaxaca y acabó proponiendo lo que suena absolutamente lógico, pero no lo era: que la información pública fuera pública y no se manejara como si se tratara de un bien privado al que solo tenían acceso ciertos funcionarios públicos. La idea fundamental y al mismo tiempo elemental se convirtió en reclamo. Y el gobierno y los legisladores de los distintos partidos la vieron con simpatía. Los ciudadanos tenían el derecho de solicitar la información y las dependencias estaban obligadas a entregarla (salvo, por supuesto, aquella reservada por motivos de seguridad nacional). Ni siquiera era necesario fundar y motivar la petición, puesto que se presumía que esa información debía estar al alcance de todos. Y por supuesto, si alguna dependencia se negaba a atender la demanda de cierto ciudadano, éste tenía la posibilidad de acudir al IFAI para que lo acompañara en su demanda. El IFAI se transformó en Inai en 2014, se volvió un instituto autónomo y asumió también la tarea de proteger los datos personales.
¿Por qué autónomo? Porque se entendió que era necesaria una instancia no gubernamental, no alineada, que auxiliara a los ciudadanos cuando alguna dependencia del gobierno no atendiera la demanda de información. Era indispensable una institución del Estado, autónoma, diferenciada del Ejecutivo y capaz incluso de enfrentarse a él. Pues bien, con la reforma que está en curso, el gobierno será juez y parte. Si el ciudadano no recibe la respuesta que esperaba tendrá que acudir a la Secretaría de la Función Pública a reclamar ayuda, es decir, a parte del aparato político que se la negó.
Miles, y no exagero, se han beneficiado del trabajo del Inai. He leído tesis universitarias que se han construido en buena medida con la información requerida gracias a esas normas y a la acción del instituto. Diferentes periodistas y medios de comunicación han accedido a información pública y realizado sus pesquisas gracias a las gestiones del Inai. Ciudadanos interesados han podido resolver dudas y lagunas gracias a esas disposiciones y al trabajo de esa dependencia autónoma. Pues bien, ahora el Ejecutivo tendrá invariablemente la primera y última palabra.
Profesor de la UNAM