El senador Ricardo Monreal expuso una iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución para crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar ( Inmecob ) que remplazaría y extinguiría al Instituto Federal de Telecomunicaciones ( IFT ), a la Comisión Federal de Competencia Económica ( Cofece ) y a la Comisión Reguladora de Energía ( CRE ). Se trataría de crear un solo ente regulador, al parecer inspirado en la experiencia española y con el argumento central de buscar una mayor austeridad . Dado que el propio senador anunció que la presentación se pospondría para abrir la discusión, van dos notas.
1.El mencionado Instituto sería un órgano constitucional autónomo, no obstante, se establece que el Presidente designaría a los 5 consejeros a propuesta del Senado (por mayoría calificada de dos terceras partes de los legisladores presentes), el cual estaría obligado a confeccionar listas de entre 3 y 5 candidatos para cada puesto. Los consejeros durarían en su encargo 7 años y a los primeros se les nombraría por 3, 4, 5, 6 y 7 años respectivamente para que con posterioridad los relevos sean anuales. Por mandato constitucional 3 deberían ser de un género y dos del otro. De aprobarse la reforma constitucional, los actuales comisionados del IFT , la Cofece y la CRE terminarían anticipadamente su encargo.
No es necesario ser demasiado sagaz para leer la intención política. A nombre de la austeridad , el gobierno mandaría a sus casas a los actuales consejeros y el Presidente designaría a los nuevos. Un doblete que refrenda la percepción de lo poco que se valora en la presente administración la auténtica autonomía de los órganos constitucionales. Da la impresión que se desea que la voluntad del Ejecutivo no tenga contrapeso alguno, sin apreciar que esos cuerpos colegiados especializados pueden ser coadyuvantes de una mejor política en cada una de sus ramas.
Se olvida convenientemente que a los consejeros del INE , a los comisionados del INAI y al presidente y consejo consultivo de la CNDH los nombran alguna de las Cámaras, asiento de la diversidad política.
2. Pero, además, la exposición de motivos dice: “se propone eliminar el examen de conocimiento para evitar la formación endogámica, incorporar visiones externas y evitar un sesgo a favor de una formación exclusivamente tecnocrática”. Una redacción que semeja un acertijo, pero en la que sin duda palpitan prejuicios inquietantes. Para suprimir un examen de conocimientos —imagino— sería necesario por lo menos enunciar algunas razones. Pero no, el conocimiento, para los redactores, parece estar rodeado de un halo de sospecha.
Cierto, los candidatos, según el proyecto, deberán contar con “cinco años de experiencia relevante en competencia económica y regulación en los sectores de telecomunicaciones o energía” y “con estudios relacionados con el objeto constitucional del Inmecob no inferior a la maestría…”, pero el texto señalado no deja de inquietar.
La redacción transpira un tufo anticonocimiento que ni siquiera se trata de ocultar. Suprimir el examen de conocimiento solo se entiende como una fórmula para evitar ese pertinente filtro, útil para la integración de un consejo especializado. ¿Qué se quiere evitar con la “formación endogámica”? Si la endogamia es el matrimonio entre personas de una misma familia, entonces debemos leer la pretensión como una metáfora que hace alusión ¿a qué? ¿A que los potenciales consejeros no deben ser parte de los circuitos especializados que toda disciplina genera? Se trata —dice el proyecto de dictamen— de “incorporar visiones externas”. ¿Externas a qué? ¿Al conocimiento, a la especialización? ¿Evitar la formación exclusivamente tecnocrática? ¿Cuál es el antónimo de la tecnocracia en estos casos? ¿Personeros del gobierno?
No sería una mala práctica que las bancadas propusieran reformas diseñadas para entrar en vigor en la próxima administración. Así, pensando en que pueden eventualmente ser aplicadas por otra fuerza política ¿a ver si les parecerían tan adecuadas?
Profesor de la UNAM
