En solidaridad con la comunidad del CIDE
El acuerdo presidencial del 22 de noviembre puede sintetizarse de la siguiente manera: si mis deseos se topan con normas constitucionales y legales, e incluso tratados internacionales, que puedan contradecirlos, deben prevalecer mis deseos. Mi voluntad es suprema y aquello que se le oponga debe ser removido. El presidente y su gabinete, que lo acompaña con sus firmas, nos han dicho y ordenado que años de construcción de una legislación que intenta evaluar y modular proyectos, garantizar derechos de los posibles afectados y sopesar sus consecuencias, no es más que un estorbo que impide que la buena voluntad del Ejecutivo pueda desplegarse sin molestas interferencias.
El ya tristemente célebre acuerdo consta de solo tres artículos claros y contundentes: 1. “Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno federal… asociados a infraestructura de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud…” (y no continúo porque el espacio es escaso). 2. “Se instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal a otorgar la autorización provisional… de los dictámenes, permisos o licencias… en un plazo máximo de cinco días hábiles… Transcurrido ese plazo sin que se emita una autorización provisional… se considerará resuelta en sentido positivo”. 3. “La autorización provisional tendrá una vigencia de doce meses… (luego) se deberá obtener… la autorización definitiva”.
Eso quiere decir que las obras de gobierno que hasta ayer requerían de una serie de licencias y permisos en materias tan diversas como impactos ambientales, territoriales, sociales, en relación a la salud; y que en muchos casos demandaban el respeto a los derechos de las comunidades indígenas y/o agrarias o de propietarios particulares, serán innecesarios, porque simple y sencillamente en cinco días resulta imposible cumplir con ello (recomiendo el texto de Enrique Provencio. “Gobierno vs. Derechos” en México Social). Y, por si fuera poco, luego se establece que, pasado un año, se “deberá” otorgar la “autorización definitiva”. Ni siquiera entonces hay margen para decir otra cosa.
Siempre ha sido más sencillo gobernar cuando priva una sola voluntad. Es una de las ventajas del autoritarismo sobre la democracia. En ésta última se reconocen no solo que existen diferentes perspectivas para abordar los problemas, sino que una iniciativa positiva puede tener derivaciones indeseadas y por ello el andamiaje institucional suele ser complejo y en no pocas ocasiones tortuoso. Pero ello con la finalidad de tener la más completa visión de los efectos de la actuación gubernamental, es necesario evaluar las iniciativas desde distintas plataformas.
Como bien señala Provencio, es más que probable que existan procedimientos engorrosos y torcidos, y para ello hubiese sido pertinente llevar a cabo reformas para aligerarlos sin perder lo sustantivo. Pero de ahí a borrarlos no solo hay un trecho, hay un océano: porque lo que se desea no es afinar y mejorar los ordenamientos, sino convertir los dictados del presidente en incontrovertibles. El autoritarismo así no es solo la oposición a la democracia, sino al saber acumulado que intenta evaluar los proyectos desde miradores no siempre armónicos pero necesarios, si se quiere que sus efectos no sean devastadores.
No obstante, si el acuerdo llega a la Corte tendrá una corta vida (espero).
