No es una ocurrencia ni una gracejada ni un error ni una provocación ni una jugada magistral en época electoral. Es el intento más descarnado y claro por edificar un régimen autoritario. Algo así no lo habíamos visto en los últimos 50 años. Las iniciativas de reforma constitucional en materia electoral, del Poder Judicial, en relación a los órganos autónomos y la Guardia Nacional, que ha enviado el presidente al Congreso intentan conformar un nuevo Estado que a todos debía preocupar (incluso a sus seguidores).
Por lo pronto vayan estos comentarios sobre las propuestas en materia electoral.
1. En el tema de la representación, sin duda un pilar de la democracia, se pretende conducir al país a un escenario anterior al de la reforma de 1977 (incluso antes de 1963 cuando se inventaron los diputados de partido). Al desaparecer a los diputados y senadores plurinominales y a los senadores de la primera minoría, lo que se busca es incrementar sin pudor alguno la sobrerrepresentación de la fuerza mayoritaria. Recordemos que los diputados plurinominales se introdujeron en 1977 porque para todos (incluyendo al PRI) era claro que la fórmula de puros diputados de mayoría relativa hacía que un partido con alrededor del 70% de los votos acabara con más del 90% de la representación. En el Senado la fórmula de integración actual se diseñó en 1996 y sin duda ha permitido la coexistencia de la diversidad en la llamada Cámara Alta. Volver al pasado, eligiendo dos senadores por entidad podría generar algo similar a lo que sucedió en las elecciones de 1988. El PRI con el 49% de los votos (según los datos oficiales) acabó con el 94% de los representantes, 60 de 64. Es una propuesta que solo puede explicarse desde el profundo antipluralismo que mueve al presidente. La pretensión es convertir a una mayoría relativa de votos en una mayoría absoluta o quizá calificada de legisladores.
2. Se pretende además desaparecer a los institutos y tribunales locales. Como si no fuéramos una república federal y como si una institución nacional pudiera realizar centralizadamente la organización de todas las elecciones. El INEC que substituiría al INE tendría por fuerza que multiplicar su estructura en la mayoría de los estados.
3. Consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral serían electos a propuestas del presidente, las dos Cámaras y la Corte. Eso que a algunos despistados les suena democrático, tiene la pretensión de nombrar funcionarios alineados a la fuerza mayoritaria, que sin duda les “ayudaría” a conseguir su cargo. Por si eso fuera poco acabaríamos contando con consejeros y magistrados propuestos por el presidente. Olvídense de la independencia que deben tener esos funcionarios.
4. Disminuir el financiamiento a los partidos, como se propone, solo servirá para debilitarlos y, por el contrario, para fortalecer al que se encuentre en el gobierno.
5. El resorte centralista se afina y se fija el número de regidores con los que debe contar cada ayuntamiento e incluso se establece el número de diputados que deberán tener los congresos locales. ¿Somos y deseamos ser una república federal o centralista?
6. Encuentro en la propuesta un solo eslabón correcto: volver a posibilitar que cada tres años se abra la puerta para el registro de nuevos partidos.
¿De verdad la candidata de Morena a la Presidencia y los militantes de ese partido ven con buenos ojos esas propuestas? Digo, para saber a que atenernos.
