El presidente anunció de nuevo su intención de acabar con varias dependencias de Estado autónomas. Dijo que mandaría una iniciativa en el próximo periodo de sesiones del Congreso. También se negó a asistir al informe anual de la ministra presidente de la Corte. Ese comportamiento devela el tipo de Estado que le gustaría encabezar. No quiere entender que el Estado está compuesto de una constelación de instituciones, varias de las cuales son autónomas por las funciones que cumplen y que los poderes constitucionales se encuentran divididos para no concentrar el poder en unas solas manos. Le gustaría que el Estado se redujera al Ejecutivo que se deposita en su persona y que el Legislativo “no le cambiara ni una coma” a sus iniciativas, que la Corte fuera una especie de correa de trasmisión de sus deseos y que los órganos autónomos se esfumaran para él poder ocupar todo el espacio estatal.
1. Una institución, entre otras, está colocada en el centro de sus afanes: el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). Empecemos por el principio. ¿La información que manejan las instituciones públicas debe ser pública o privada? Parece una pregunta elemental, pero no lo es, porque hasta este siglo XXI esa información se manejó como si fuera exclusiva para los funcionarios que encabezan las distintas dependencias. Fue un grupo de académicos y periodistas el que a inicios del presente siglo demandó lo que hoy nos parece sentido común: que dicha información debería estar al alcance de cualquiera.
En aquel entonces, el gobierno, los partidos y por supuesto el Congreso diseñaron una legislación para que los ciudadanos tuvieran acceso a la información pública (por supuesto, también existe información reservada). Y ello desató una espiral virtuosa. Ciudadanos demandaban diversos tipos de información y las autoridades estaban obligadas a entregarla. Y el Inai se diseñó precisamente para que, ante la negativa de cumplir con ese mandato, los demandantes contaran con una institución que los acompañara en sus solicitudes. Por eso el Inai debe ser autónomo, porque su labor es plantarse frente a las dependencias que no cumplan con los preceptos de transparencia.
2. Otro objetivo presidencial, ni siquiera disimulado, es el de debilitar a la Corte y subordinarla a su voluntad. Las descalificaciones y groserías contra ministros, jueces y magistrados; la reducción de su presupuesto y el intento de acabar con fideicomisos, muchos de ellos generados con recursos de los propios trabajadores; las agresiones contra el Poder Judicial que se repiten cansinamente en los espacios de la televisión pública (cada vez más televisión de gobierno y alineada a sus caprichos); la confección de ternas para nombrar a la nueva ministra de la Corte con puras candidatas alineadas con el presidente; serían, cada una de ellas, conductas que deberían escandalizar, sobre todo a aquellos que deseamos una vida republicana en la que la división de poderes sea un pilar de nuestra convivencia.
Por fortuna, la Corte ha resistido y sigue funcionando. En un clima viciado desde la Presidencia y a pesar de los distintos amagos, en la Corte y fuera de ella se entiende que lo peor que le puede suceder a nuestra vida pública es que el Ejecutivo acabe colonizando todas las instituciones del Estado. Porque al parecer hay que repetir lo elemental: el Estado no es ni debe ser solo el presidente y su voluntad.
P. D. Háganse un favor: lean el informe de la ministra Norma Piña. Es una cátedra.