1. Una de las propuestas presidenciales de reforma constitucional electoral es acabar con el financiamiento público a los partidos para “actividades ordinarias” y dejar vivo solamente el destinado a las campañas electorales. Esa iniciativa explota el malestar con los partidos y la retórica facilista que quisiera que los mismos se “rasquen con sus propias uñas”. No dudo que les suene bien a muchos y eventualmente, con acuerdos, podría ajustarse a la baja.
No obstante, vale la pena recordar el abc de la actual fórmula. Hay que repetir que no existe democracia conocida sin partidos. Y el quehacer político requiere dinero. En 1996 la pregunta fue ¿de dónde debería provenir ese dinero? Y solo hay dos grandes fuentes que se pueden conjugar: público o/y privado. En aquel entonces se optó por hacer preeminente el financiamiento público (el privado no está cancelado) por tres importantes razones: a) es transparente, b) equilibra las condiciones de la competencia, y c) intenta que los partidos no sean dependientes de los grandes grupos económicos y mucho menos de bandas delincuenciales. Y esas pretensiones (creo) se mantienen vivas. Privar a los partidos del “financiamiento ordinario”, es decir, aquel con el que mantienen sus actividades regulares, es debilitarlos de manera extrema, y dado nuestros lamentables “usos y costumbres”, beneficia al partido que se encuentra en el gobierno, por los apoyos poco disimulados que recibe del aparato estatal.
2. Con las disposiciones actuales las autoridades electorales y los partidos tienen 48 minutos diarios en las estaciones de radio y tv todos los días para desplegar sus precampañas y campañas. Pues, según la iniciativa presidencial, de ahora en adelante serían solo 30. Un guiño y favor a los concesionarios.
Es cierto que el alud de “comerciales” de los partidos no coadyuva a una de liberación pública informada. Pero se debieran explorar otras formas para desarrollar las campañas: por ejemplo, programas unitarios para “obligar” a los partidos a trascender el chistorete y la frase efectista, la musiquita pegajosa o la agresión elíptica. También se podrían multiplicar los tiempos para los debates. Pero lo único que se encuentra en la iniciativa es la deferencia hacia los concesionarios.
3. Las propuestas de nuevas fórmulas de integración de las Cámaras es quizá lo único interesante. Contra lo anunciado por el presidente, la eliminación de los plurinominales, la iniciativa acaba por el contrario con los uninominales: una tradición de 200 años. Los senadores se elegirían en listas de tres (por cada entidad) y se repartirían con un criterio de representación proporcional estricta. La Cámara de Diputados en 32 circunscripciones (una por cada entidad) con listas que pueden fluctuar (hoy) entre 40 y 2 legisladores. El reparto se haría con un criterio de representación proporcional. En los estados con listas numerosas funcionaría muy bien, en las de 2, 3, o 4 diputados las minorías quedarían excluidas. Pero si lo que se quiere es que los votos se traduzcan de la mejor manera en escaños, podría mejorarse notablemente. Por ejemplo, si fueran 4 senadores por estado, de tal forma que hubiese mejores posibilidades para las minorías; y en el caso de los diputados se podría llegar a una representación proporcional estricta si se eligieran, por ejemplo, 400 o 500 diputados, la mitad en distritos y la otra mitad en listas cuya misión fuera la de ajustar los porcentajes de votos a los asientos en la Cámara.
