Al igual que le pasó al delirante intento del gobernador de Baja California que quiso alargar su período después de que los ciudadanos habían votado, el ensayo para realizar una consulta popular para ver si se procesa a los ex presidentes de la República, está condenado a ser frenado por la Suprema Corte por 11 votos a cero. Y si ello no sucediera estaríamos en un escenario en el que los mandatos constitucionales, las garantías individuales y todos los procedimientos para impartir justicia, se habrían convertido en letra muerta.
No hay un solo abogado de cierto prestigio que defienda la iniciativa presidencial. E incluso el sentido común dicta que a nadie se le puede llevar a la plaza pública para hacer escarnio de él. Menos cuando la propuesta proviene de un poder constitucional. Quiero imaginar que eso lo sabe el presidente y su corte. ¿Por qué lo hace entonces? Adelanto algunas respuestas provisionales.
El presidente declaró una y otra vez que no intentaría llevar a juicio a sus antecesores, porque había que ver hacia adelante. Esa actitud fue acremente criticada y con razón porque, así como están prohibidos los juicios sumarios y tumultuarios también lo está el perdón (la amnesia) infundado por parte del presidente. No obstante, el titular del Ejecutivo ha dado un giro de 180 grados. Da la impresión que ese bandazo tiene que ver con la circunstancia que vive el país. Sus primeras declaraciones se dieron en el contexto de la campaña y durante los primeros largos meses de su gestión cuando la esperanza prevalecía en el espacio público y franjas enormes de ciudadanos mantenían la ilusión de que entrábamos a una época venturosa. Hoy, cuando la crisis combinada de salud y económica ha impactado de manera negativa las condiciones de vida de millones, cuando la espiral de violencia e inseguridad continúa, cuando se documentan actos de corrupción de los cercanos al presidente y en la administración federal, y el apoyo hacia AMLO decrece (aunque mantiene un respaldo importante), cree necesario armar una representación que si bien no otorga “pan” al respetable por lo menos lo entretiene con “circo”.
Al parecer, el intento por presentar la iniciativa de consulta como producto de un clamor popular fracasó. Los módulos para recoger firmas se vieron semi vacíos, las cifras sucesivas de supuestos adherentes parecieron trucadas y por lo pronto ni siquiera se han mandado al INE para su validación. Fue entonces que el presidente tomó el relevo y el asunto tendrá que resolverlo la Corte.
Insisto: en términos constitucionales y legales la cuestión tiene el mismo grado de complejidad que el de Jaime Bonilla, es decir cero. Lo que temo es que el discurso inescrupuloso que se activa desde la presidencia sea no solo para generar un circo mediático, sino que además (queriéndolo o no) acabe también erosionando la fama pública de la Corte.
No es difícil imaginar al presidente diciendo y señalando que él lo intentó pero que los ministros (y aquí algunos adjetivos) le cerraron el paso. Un presidente que hablando supuestamente por el pueblo quiso llevar ante la justicia a sus antecesores “neoliberales” pero que los (aquí otra vez algunos de los calificativos que tanto gustan) lo impidieron.
Lo dicho: puede convertirse en una jugada que no solo sea un mal teatro, ilegal y desaseado, sino una operación para mermar la poca o mucha institucionalidad que soporta nuestra vida en común.
