La forma más sencilla de ilustrar por qué la propuesta presidencial en materia electoral supone una enorme regresión es hacer un recorrido panorámico para observar cómo se integraba y elegía a las cabezas de la autoridad electoral.
Con la reforma de 1977 la Comisión Federal Electoral continuó siendo la encargada de organizar las elecciones. Se integraba con el secretario de Gobernación (SG), un senador, un diputado, un representante por cada partido con registro (con voz y voto) y por representantes de los partidos con registro condicionado, un notario público como secretario y el director del Registro Federal de Electores (con voz y sin voto). Sobra decir que los representantes partidistas defendían un interés parcial y los de los poderes públicos tenían una filiación partidista.
Cuando más partidos pasaron a contar con registro el número de representantes con voto creció y la mayoría oficialista empezó a tambalearse. Por ello en 1986 se reformó su composición para generar la CFE más facciosa de la historia. La fórmula fue introducir un criterio de representación proporcional de los partidos (según el número de votos en la elección anterior). Así para 1988, la CFE se integraba con el SG, el senador, el diputado, 16 representantes del PRI y 12 del resto de los partidos. Así, uno de los competidores (el PRI), tenía más votos que todos los demás. Era jugador y árbitro al mismo tiempo.
Fue luego de la crisis post electoral de 1988 que se introdujo una figura no alineada a los partidos en pugna. Con la creación del IFE, su Consejo General (CG) quedó integrado de la siguiente manera: lo presidía el SG, 2 senadores y 2 diputados (1 de la mayoría y 1 de la primera minoría), representantes de los partidos de manera proporcional, pero no extrema (4 para el mayoritario y 1 para los más pequeños), y la novedad fueron 6 consejeros magistrados propuestos por el presidente de la República y aprobados por la Cámara de Diputados (CD) por una mayoría calificada. Fue el reconocimiento de que la suma de parcialidades no generaba imparcialidad y que era necesaria una figura por encima de las pasiones partidistas.
Eso que apareció como un germen en 1990 se expandió. Con la reforma de 1994 los partidos tendrían un representante cada uno, pero perdieron el voto. Los consejeros magistrados fueron remplazados por los consejeros ciudadanos, propuestos y electos por mayoría calificada en la CD. Tendrían más votos que los de los representantes de los poderes constitucionales (6 a 5). Y en 1996 se llegó a la conclusión de que lo óptimo era que el gobierno saliera de la organización de las elecciones y que en el CG del IFE los únicos con voz y voto fueran los consejeros electorales, aprobados en la CD a través de una votación calificada. Se quedaron los representantes partidarios y de las bancadas legislativas, pero solo con voz y sin voto. Desde entonces el IFE (hoy INE) es autónomo y garantiza la pulcritud de las elecciones.
Pues bien, el presidente presenta una propuesta a contracorriente de esa historia. Ahora él postularía 20 candidatos, otros 20 el Congreso y 20 la Corte. Habría una votación universal que obligaría a los candidatos a establecer pactos con los partidos (únicos con presencia en todo el territorio) y podría darse el caso de que los 7 consejeros salieran de las propuestas del presidente. Una fórmula que desvirtuaría el esfuerzo de décadas por construir una autoridad electoral capaz de otorgar garantías de imparcialidad a todos.
Profesor de la UNAM
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