Las ocho reformas electorales que refundaron el sistema electoral tuvieron como motor a las oposiciones y sus exigencias. Fue un proceso progresivo y sinuoso que logró construir instituciones imparciales y condiciones de equidad en la competencia. Veamos un repaso a vuelo de pájaro.
1977. La reforma inaugural abrió la puerta para el registro de partidos a los que se mantenía marginados del mundo institucional. Construyó una fórmula de integración de la Cámara de Diputados para representar de mejor manera la pluralidad política y la Constitución reconoció a los partidos como entidades de interés público de lo que derivó su fortalecimiento a través de derechos y prerrogativas.
1986. Aunque esa reforma erigió la autoridad electoral más facciosa del período, creó la Asamblea de Representantes del DF, aumentó los diputados plurinominales de 100 a 200, acortó el tiempo entre la emisión y el cómputo de los votos y estableció el primer tribunal (muy limitado) en materia electoral.
1989-1990. Fundó el IFE, con un Consejo General abismalmente más equilibrado que la Comisión Federal Electoral, intentando ofrecer garantías de imparcialidad. Estableció el Tribunal Federal Electoral con facultades mayores que las de su antecesor para fortalecer la vía jurisdiccional en la solución de los conflictos. Mandató elaborar un padrón electoral desde cero.
1993. A pesar de que desde 1977 los partidos recibían recursos estatales, fue hasta esta reforma que se estableció la obligación de rendir cuentas de su financiamiento y gasto a la autoridad electoral. Se reguló el financiamiento de fuentes privadas. Se admitió la observación electoral y se implementó una auditoría ciudadana al padrón para reforzar la confianza en el mismo.
1994. Permitió la observación internacional de los comicios bajo la figura de “visitantes extranjeros”. Estableció topes a los gastos de campaña, produjo el primer debate televisado de los candidatos presidenciales, creó el PREP para contar con información confiable de los resultados la misma noche de la elección.
1996. Salió el gobierno de la organización de las elecciones. El IFE se convirtió en una institución autónoma. Se establece el Tribunal Electoral encargado de decir la última palabra en la materia. La reforma equilibra las condiciones de la competencia a través del financiamiento público y el acceso de los partidos a los medios; diseña el gobierno propio para el DF y establece las fórmulas de integración del Congreso que existen hasta la fecha.
2007. Establece la prohibición de compra de espacios en radio y televisión y diseña un procedimiento para la liquidación de los bienes de los partidos que pierden su registro. Crea la Unidad de Fiscalización del IFE y le otorgan facultades para trascender los secretos bancario y fiscal. El IFE será el encargado de administrar los tiempos en radio y tv y se instituye que la propaganda gubernamental sea institucional y no personalizada.
2014. Transformación del IFE en INE. Ley de Partidos Políticos. Fiscalización inmediata de los recursos en las campañas, para que sus resultados puedan ser motivo de anulación de una elección; coorganización de los comicios locales entre el IFE y los institutos estatales.
No es difícil observar que la normatividad en la materia, con un sentido democratizador, fue acicateada, sobre todo, por exigencias de las oposiciones. ¿Habrá ahora una reforma regresiva por el antojo del presidente? ¿Será la primera que se haga para satisfacer al gobierno?
Profesor de la UNAM
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