El miércoles 31 de mayo la Comisión Permanente del Congreso desacató un mandato judicial que los obligaba a nombrar a los comisionados faltantes del Inai. Por 20 votos contra 16 los legisladores del oficialismo se negaron a convocar a una sesión extraordinaria del Senado, como lo proponía la Junta de Coordinación Política, para permitir que el pleno del Inai sesione con quorum. Esa conducta escandalosa de quienes piensan que por tener mayoría en el Legislativo pueden hacer y deshacer a capricho y agredir a un órgano autónomo del Estado como lo es el Inai, ya ni siquiera suscita la indignación suficiente. Son tantos los atropellos a la ley que unos invisibilizan a los otros, en una escalada que al parecer acaba por adormecer a eso que llamamos la opinión pública.
El acceso a la información pública ha sido una de esas reformas que modificó para bien las relaciones entre gobernantes y gobernados. Si mal no recuerdo fue María Marván la que sintetizó de manera magistral su sentido: que el ciudadano pueda preguntar y la autoridad esté obligada a responder. Porque hasta antes de esa reforma la información pública se manejaba como si fuera privada y solo estaba al alcance de algunos funcionarios del ramo. Fue en 2002 cuando gracias a la iniciativa de un colectivo de periodistas y académicos, que vio con buenos ojos el gobierno y fue aprobada por el Congreso, la información pública se convirtió realmente en pública.
Cientos de miles de personas (no exagero) se han beneficiado de esa normatividad. Periodistas en sus pesquisas, académicos en sus investigaciones, estudiantes en sus trabajos y tesis, organizaciones civiles, agrupaciones empresariales, ciudadanos, han podido acceder a información que de otra manera les estaría vedada.
Esas rutinas irradian beneficios múltiples: tienden a transparentar las tareas de las instituciones estatales, generan un basamento de información que expande las posibilidades de un debate enterado, multiplican el poder de la sociedad, se convierten en un control difuso del poder público, y si todo eso se cumple, deben incrementar la confianza en el quehacer estatal.
La fórmula de reclamar información y las respuestas de las instituciones empezaron a generar una espiral virtuosa, y cuando alguna dependencia se negaba a entregar la información requerida (existe por supuesto información reservada, destacadamente la de seguridad nacional), el peticionario podía acudir al Inai, que en muchísimos casos le abrió la puerta al demandante. La agresión gubernamental contra el Inai impide que su pleno pueda sesionar y resolver las impugnaciones. La historia reciente es preocupante e ilustrativa. El Senado nombró a dos comisionados, pero el presidente los vetó, y en lugar de que el Senado nombrara a otros, la consigna gubernamental fue la de mantener descabezado al Instituto. Y en esa se han mantenido de manera impúdica, incluso desacatando mandatos judiciales.
Una y otra vez tenemos ejemplos de que a la actual administración no le gustan los contrapesos institucionales, que su supuesta y nunca comprobada buena voluntad no requiere de transparencia, que por ser mayoría en el Legislativo puede hacer lo que quiera, incluso vulnerar a instituciones estratégicas cuyas facultades emanan de la Constitución. En una palabra, una mayoría desbordada proclive a la opacidad y a alinearse a los designios de su jefe. Malas, muy malas noticias para la República.