¿Pueden las secretarías de Gobernación, Hacienda, Función Pública o cualquier otra dependencia del Ejecutivo decirle al INE en lo que debe aplicar sus recursos, dónde recortar? ¿Pueden esas u otras ramas del Ejecutivo decírselo al INAI, la CNDH, la UNAM o cualquier otro órgano constitucional autónomo?
La respuesta la saben los titulares de las secretarías. No tienen facultades para ello. Pero la propuesta de “austeridad” que le han presentado al INE tiene dos objetivos: negar los recursos necesarios para que el Instituto realice la muy probable revocación de mandato con los mismos estándares que los de una elección y volver a desatar una campañita de desprestigio contra el INE acusándolo de no ser sensible a los dictados de austeridad del gobierno.
Se trata de una actitud recurrente del actual gobierno: las normas que lo limitan… son violadas. No entienden o no quieren entender que la nuestra es una República no un Sultanato, que la Constitución construye un Estado complejo con división de poderes y facultades, porque se trata de mandatos democráticos que, entre otras cosas, intentan que el poder no se concentre en una sola voluntad. Pero no; ellos siguen viviendo su gestión como si estuviéramos en los tiempos del hiperpresidencialismo de mediados del siglo pasado que fue necesario desmontar para dar paso a la coexistencia de una pluralidad de expresiones políticas e instituciones encargadas de cumplir con tareas que no podían realizarse de manera íntegra desde el Ejecutivo.
La resolución del Tribunal Electoral fue clara: el INE estaba obligado a realizar un ajuste a su presupuesto para la mencionada revocación y la secretaría de Hacienda estaba obligada a responder a los remodelados requerimientos del Instituto. El INE realizó lo que el Tribunal le mandató y solicitó una ampliación por 1,739 millones de pesos; pero el gobierno decidió no fundar y motivar una respuesta al planteamiento del INE, sino —antes de conocer los requerimientos de ampliación— sugerirle una serie de recortes al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. Lo quiere obligar a ejercer sus recursos como el gobierno quiere. La pretensión es descabellada por carecer de base legal (la autoridad sólo puede hacer aquello que le permite la ley y si se excede se llama abuso de poder), pero además trasluce un desconocimiento abismal de las finanzas del INE.
¿De verdad quieren que el INE utilice los recursos del Fideicomiso “para atender el pasivo laboral” en la consulta? ¿Se pretende que el INE afecte los derechos laborales de sus integrantes? ¿Se dan cuenta que, si se cancela el fideicomiso “para el cumplimiento del programa de infraestructura inmobiliaria y para la atención ciudadana y mejoramiento de los módulos” el INE no podrá cumplir con tareas fundamentales, como es la de la emisión de la credencial de elector? ¿Saben o no que muchos de esos recursos ya están comprometidos y repito, fueron aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación? Son solo dos ejemplos para ilustrar que los recortes recomendados por el gobierno además parecen haberse realizado con los ojos cerrados.
Creo que todavía el INE debe esperar la respuesta formal de la Secretaría de Hacienda, y ésta, por resolución del Tribunal, tiene que ofrecer una contestación a las necesidades planteadas para la realización del ejercicio de revocación de mandato, no un listado indiscriminado y caprichoso de posibles recortes a otros programas.
