La falta de voluntad política para castigar la operación corrupta e ineficaz de las empresas del estado y para remediar el rezago tecnológico que inexorablemente las iba hundiendo en la obsolescencia y la improductividad son, a juicio de este opinador, las dos causas que forzaron la apertura del mercado eléctrico nacional al capital extranjero. Y si a lo anterior se añade la crónica insuficiencia del erario se entenderá que el Pacto por México de 2012 , auspiciado por Peña Nieto, tuvo en su momento todos los visos de ser el último llamado para que el país pudiera subirse al tren de una modernidad que se le escapaba.
A la industria urgida de energía se le autorizó entonces generar su propia electricidad, al tiempo que el gobierno otorgó concesiones a firmas de otros países para producir energía limpia la cual, a su vez, venderían a la CFE , subiéndola a su red nacional de distribución.
Así, cubiertos los picos de demanda, los temidos apagones podrían evitarse. La emergencia quedaba salvada, al tiempo que surgía un nuevo y prometedor espacio para la inversión y el empleo. Parecía que todos ganábamos, incluso los siempre sufridos usuarios.
Mas hete aquí que López Obrador arrasó en la elección presidencial del 2018 y, tal como lo advirtió en su campaña, está revirtiendo metódicamente todas las reformas que la gestión peñanietista no supo -o no quiso- implementar con transparencia, eficacia y honestidad. Se firmaron contratos lesivos para el interés de México y se incumplió la promesa de abaratar el precio de los hidrocarburos y la electricidad. En sólo tres años el país pasó de ser un estado neoliberal a otro que, sin dejarlo de serlo por completo, introdujo medidas estatistas que le pegaron a la élite empresarial y cancelaron muchos de sus antiguos privilegios.
La Reforma Eléctrica que ha propuesto el presidente abre paso a un debate esencial para el futuro inmediato de México. La discusión buscará un punto de equilibrio entre el interés de compañías ávidas de ganancias y un mandatario determinado a devolver al Estado la rectoría sobre los recursos que aseguran su soberanía e independencia. La confrontación argumental deberá tener en cuenta que, para el crecimiento y prosperidad se precisa tanto de la capacidad financiera y técnica de la iniciativa privada como de la irrenunciable obligación del gobierno de mirar por la equidad, la justicia y la protección de las mayorías.
La crisis que viven muchos países en materia de precios de energía renovó la vigencia de un tema conocido en México: la necesidad de que el Estado controle ciertos rubros de la economía para evitar su exposición al vaivén de un mercado que carece de sentido social.
La liberalización irrestricta afecta la seguridad misma de la Nación pero el intervencionismo excesivo inhibe a la libre empresa, motor indiscutido del desarrollo. Avenir esos dos polos no será viable si el capital no modera su ambición… y el presidente su pulsión impositiva. Aunque tendrían que marchar unidas y en la misma dirección, los antecedentes demuestran que el único cemento capaz de juntar las dos partes ha sido la complicidad y la corrupción.
La competencia comercial debiera ser costumbre acatada y respetada por las empresas, habida cuenta que beneficia la productividad y, por ende, al consumidor; empero, el Estado ha de cautelarlo para evitar colusiones que deriven en manipuleo de precios. La frase “tanto mercado como sea posible y tanto Estado como se necesario” describe un axioma difícil de poner en práctica. Tal es el dilema que diputados y senadores del partido que gobierna negociarán con las oposiciones; de su resultado dependerá, ni más ni menos, el rumbo que tomará la economía de México los años que gobierne la Cuarta Transformación .
