¿Es la inseguridad un pantano criminal del que México no podrá escapar? ¿quedará por siempre atrapado en esa vorágine de sangre y muerte de la que a diario se nos informa? ¿existe acaso algún sino fatal que convierte en normal esta situación anómala? ¿es esta la nación de leyes, democrática y justa, que queríamos heredar a las venideras generaciones? Es claro que, si no se detiene la deriva hacia el desorden en que estamos inmersos, el caos está a tiro de piedra.
La violencia, es verdad, data de sexenios atrás, pero también lo es que los tres últimos presidentes de la República -Calderón, Peña Nieto y López Obrador- abandonaron a su suerte a las policías civiles nacionales, estatales y municipales, dejando en manos del Ejército y la Marina la tarea de enfrentar a la delincuencia organizada. Diferente en matices pero semejante en su esencia, la criticada decisión tomada en forma consecutiva por mandatarios emanados de partidos indistintamente conservadores o progresistas, violenta la Constitución y además -según cifras oficiales- dista de haber alcanzado la efectividad que se esperaba de las fuerzas armadas.
¿Qué se mira hacia adelante? ¿qué nos depara ese incierto futuro? ¿medio siglo de guerra intestina y postración económica como la sufrida por Colombia? ¿un régimen donde el militarismo imponga su impronta castrense y las garantías individuales queden a criterio del sargento de un reten carretero? A un mal gobierno civil se le depone con votos pero… ¿a qué medio se acude para que el autoritarismo uniformado vuelva sin reticencias a su cuartel, bien por haber concluido su labor pacificadora, bien por haberse cumplido el nuevo plazo aprobado por Morena, sus socios, y ahora el PRI en el Congreso de la Unión?
A esa inquietante perspectiva se añade una disposición que, en aras dizque de reducir la impunidad, deja al ciudadano en estado de virtual indefensión ante los delitos que puedan inventarle fiscales, ministerios públicos y jueces, deshonestos o ideologizados al extremo. La prisión preventiva oficiosa, apoyada por el presidente López Obrador, priva de la libertad, sin juicio ni sentencia de por medio, a personas sospechosas de haber cometido cualquiera de una larga lista de delitos, ahora engrosada y aprobada por el Legislativo. Esta barbarie jurídica ya fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia, lo que abrió espacio a un intenso debate entre sus ministros cuyo desahogo final está aún pendiente de resolución.
Ambos asuntos, la expansión del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y, sobre todo, la ampliación del plazo establecido para la permanencia del Ejército y la Marina en las calles junto con la transferencia del control administrativo y militar de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional, tuvieron un efecto político que va a determinar los procesos electorales del 2023 y 2024. Y todo a consecuencia de una maquinación del presidente López Obrador que primero indujo al PRI y al PAN a juntarse para que la ciudadanía viera que “son lo mismo” y, luego, ya unidos y en vías de consolidar su coalición, difundió por otros canales la ínfima calidad moral del líder tricolor y lo acosó judicialmente hasta ponerlo al servicio de su causa.
Al dividir al Revolucionario Institucional y alertar a Acción Nacional de la clase de socio con que se proponía compartir tareas de gobierno, la alianza entró en un suspenso que presagia su defunción definitiva. En suma, una maquiavélica celada del titular del Ejecutivo Federal en la que se valió de todas sus armas -legales y de las otras- para exhibir las pocas luces de sus adversarios y su escasa estatura política. Nada nuevo, por cierto, en nuestro medio.
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