Sobre advertencia no hay engaño. Nos debe sorprender que nos sorprenda la aprobación de la reforma judicial, siendo que López Obrador previno desde inicios de su mandato su intención al respecto. Al transcurso del sexenio, AMLO le fue subiendo el volumen al tema de la corrupción dentro del poder judicial, lamentando el precario acceso a la justicia para los más vulnerables, que jueces y magistrados se distingan por proteger los intereses particulares de los de más arriba.
La nobel presidenta de la SCJN, Norma Piña, no tuvo ni chance de caerle bien a López Obrador, máxime al permanecer sentada a la entrada de éste a la ceremonia en Querétaro, del 106 aniversario de la Constitución. La animadversión de AMLO hacia la Suprema Corte de Norma Piña, fue aumentando conforme la institución ha venido actuando de manera independiente, intensificando sus críticas públicas contra ella y el Poder Judicial en general, frenando algunos de los cambios más importantes de su gobierno: “Norma Piña es parte de un bloque conservador que actúa contra los intereses del pueblo y de su proyecto de transformación, en lugar de abogar por la justicia social”. La ministra Piña, por su parte, ha defendido la autonomía de la Suprema Corte argumentando que su función es revisar la constitucionalidad de las leyes, sin responder a presiones políticas.
Finalmente, con inusitada prisa, fue aprobada por el Senado la Reforma Judicial, sacándose de la chistera Morena y aliados el voto número 86 para alcanzar la mayoría calificada, proveniente del chaquetero senador panista -senador traidor- Miguel Ángel Yunes Márquez -quien exageró una dolencia de espalda, para abandonar su curul a favor de su suplente: su papá, el inefable Miguel Ángel Yunes Linares -. Cómo dirían en la 4T, ¿Quién pompó?-. Aprobar la reforma judicial al vapor para sumisamente entregarla como ofrenda al saliente López Obrador, conlleva riesgos que podrían afectar su viabilidad legal, su eficacia en la práctica, comprometiendo los objetivos a largo plazo de mejorar el sistema judicial de México. La aprobación de la Reforma Judicial podría acarrear varias consecuencias económicas y políticas: Si los mercados perciben que se afecta la independencia del Poder Judicial se produciría tal incertidumbre que impactaría la calificación crediticia, generaría fuga de capitales, freno a la inversión extranjera, posible devaluación del peso, se incrementaría el riesgo país, se dificultaría el acceso al financiamiento internacional a tasas impositivas, se provocaría mayor inflación, aumentarían los costos de importación, se afectaría la creación de empleos y por ende el crecimiento económico.
Existen motivos para temer por el epílogo sexenal, tanto machacar el matutino mensaje de que no somos iguales, de que la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía, que su Dios es el dinero y que son clasistas y racistas, ha rendido sus frutos, la polarización es inminente, nuestros representantes -sí, los del pueblo- se conducen en el Congreso de modo vergonzoso -teniendo o no la razón- vulgares, groseros y grotescos, desaliñados, con lenguaje carretonero, con desprecio, con odio. ¿En verdad nos representan? ¿Así somos también los electores? ¿Sentimos orgullo y respeto al escuchar las elocuentes arengas? Con o sin Reforma Judicial, todos salimos perdiendo.
¡Vaya forma de lograr la reforma!
