Ciertamente nos estamos transformando transitando por la vereda de la confrontación, la descalificación y el encono. El tono del sexenio es de regaño, sarcasmo, desprecio y ofensa. Discrepar es rivalizar, la verdad es manipulable, el debate es un soliloquio, con altivez se alardea que ahora ya no es es como antes, con soberbia se recalca que tampoco somos iguales, con orgullo se pregona que estamos haciendo historia.
De entre los organismos autónomos de los que nuestra incipiente democracia puede jactarse es el INE, garante de probidad e imparcialidad en las últimas tres décadas, árbitro electoral respetado y reconocido por la ciudadanía de toda filiación política. La animadversión presidencial hacia el INE lo percibe como una onerosa institución indigna de confianza y desafiante del poder. Efectivamente, los sueldos de los consejeros electorales rebasan el del presidente de la República, pero quién aprobó dichos ingresos fue la Cámara de Diputados, mediante la Ley de Remuneraciones, ahora le corresponderá a la Suprema Corte de Justicia resolver al respecto. El presupuesto aspiracional del INE para 2022 fue recortado por la Cámara de Diputados en 4 mil 913 millones de pesos, de los cuales se pretendían destinar 3 mil 830 millones para la revocación de mandato de AMLO, quién sostiene que el INE tiene dinero suficiente, además de que éste debería aplicar un plan de austeridad y bajar sueldos y viáticos de los consejeros, “se rayan”. Lorenzo Córdova: “Actores políticos que buscan debilitar a instituciones que no se ajustan a lo que ellos pretenden”. El novedoso ejercicio de revocación de mandato previsto para abril de 2022 obviamente requiere de recursos adicionales. Todo proviene de la ocurrencia de decidir a los tres años del sexenio la continuidad del presidente, siendo que quienes acudimos a las urnas le otorgamos a López Obrador el mandato de ser presidente de México por seis años. Si el resultado de la consulta le fuera adverso a AMLO, ¿éste abandonaría su responsabilidad sin haber concluido sus proyectos sexenales? ¿La elección de 2018 quedaría invalidada por una consulta apenas instituida y con menor participación? ¿Entonces por qué no votar por un mandato de tres años? La revocación de mandato de abril 2022 resultaría retroactiva, ya que cuando se votó en 2018, la misma no fue prevista. De aprobarse dicha práctica debiera aplicarse a partir de la próxima elección presidencial.
Por lo pronto el INE se alista a presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra la Cámara de Diputados derivada del insuficiente presupuesto asignado. El Consejero Presidente del INE insiste en la complicación de observar lo que la propia legislación impuso como obligación legal al Instituto, aceptando estar en la mayor disposición para efectuar las adecuaciones presupuestales con los recursos con que se cuenta a fin de cumplir con su responsabilidad, en el entendido de que el mismo INE carece de la facultad de instalar menos casillas para la aludida revocación de mandato, y que, de hacerlo, se estaría violando la ley.
Y todo es para facultar al presidente de la República a cumplir con el mandato de seis años para el cual fue electo tres años atrás.
