La manifiesta ineptitud empresarial del Estado, crítica en la octava década del pasado siglo XX , apremió a los hoy denostados regímenes tecnócratas a desprenderse de empresas públicas no prioritarias a favor de la iniciativa privada, atendiendo la máxima de que “tanto Estado como sea necesario y tanta sociedad como sea posible”, en otras palabras, zapatero a tus zapatos.
Inicia el último periodo ordinario de sesiones de la 64 Legislatura, resaltando la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo que será votada en la Cámara de Diputados en máximo 30 días, reforma a la reforma energética de apenas 2014 promulgada por Enrique Peña Nieto, prometiendo entonces mejorar la economía familiar, aumentar la inversión y los empleos, proteger a Pemex y a la CFE , reforzar la rectoría del Estado como propietario del petróleo y gas y como regulador de la industria petrolera. La actual reforma a la industria eléctrica ofrece fortalecer a la CFE, elevando su participación de mercado con el objetivo de recuperar los ingresos perdidos ante la competencia de empresas privadas. Usted y yo, mirones y oyentes de la historia, somos convencidos de que es de día con argumentos similares a cuando es de noche. Vislumbramos que privatizar es tan atinado como estatizar. Bien por Peña, luego mal por Peña. Bien por AMLO… y luego?
Repasemos enfoques contradictorios relativos a la industria eléctrica. AMLO: “ En el marco de la política neoliberal o neoporfirista, se fue imponiendo un proceso de privatización para debilitar y transferir empresas públicas a particulares y despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica nacional. En el gobierno anterior se pretendió dar plena cobertura legal a esta política de pillaje con la llamada reforma energética, la cual llevó a la aprobación de una modificación constitucional, conseguida con base a sobornos entregados a la mayoría de legisladores y mediante el engaño mediático a la población”. El Economista: “Revertir la reforma promulgada en 2014 violaría los compromisos de México en el T-Mec y en el Tratado Integral y progresista de Asociación Transpacífico –TIPAT- en el cual se comprometió –firmado en 2016- a mantener el nivel de apertura imperante en ese momento. 20 mil millones de dólares es el monto de inversiones comprometidas en proyectos eléctricos bajo la legislación vigente y que habría de indemnizar”. Manuel Bartlett: La CFE dejaría de subsidiar a los inversionistas privados que participaron en el mercado eléctrico. Se diseñaría un plan para recuperar la autosuficiencia nacional en el sector”. Olga Sánchez Cordero: “La iniciativa preferente tiene como fin retomar la rectoría del Estado en un sector estratégico, ya que únicamente la CFE puede garantizar un sistema eléctrico nacional continuo, confiable y estable”. Consejo Coordinador Empresarial: Se trata de una estatización disfrazada que no podrá prosperar, inconstitucional y violatoria de los derechos de libre concurrencia y certeza jurídica, se presentó sin diálogo previo con los sectores afectados, propiciaría aumento de precios y un mayor costo fiscal para subsidiar a la CFE.
Hablar de rectoría del Estado es remontarnos medio siglo atrás. Ahuyentar la inversión en ninguna circunstancia es aconsejable, máxime tras 2 años de retroceso económico -8.5% en 2020, el peor desempeño desde 1932, con o sin pandemia-, con la inseguridad en ascenso, 10 millones de nuevos pobres, miles de negocios quebrados y el ánimo general deplorable. Cerrar el mercado eléctrico a los competidores privados significaría un duro golpe a las energías renovables, sería apostar por la generación energética contaminante, regresar al pasado.
