Ver para creer, los titulares noticiosos dan cuenta del arresto de la exsecretaria de Estado, Rosario Robles. Fluyen nombres de prominentes políticos, llegando al del expresidente Enrique Peña, presuntamente al tanto de irregularidades incurridas en la llamada “Estafa Maestra”.
La arrasadora aspiradora anticorrupción del régimen en su susceptible succionar corre el riesgo de extralimitarse atrayendo supuestos actos ilícitos o asumiendo decisiones precipitadas. Sostiene el presidente López Obrador que la corrupción es consecuencia del ejemplo presidencial, que se requiere 99% de honestidad y 1% de capacidad.
El encomiable periodismo de investigación realizado por Animal Político y por México Contra la Corrupción y la Impunidad, refiriéndose exclusivamente a la Cuenta Pública de la Secretaría de Desarrollo Social, de 2013 y 2014, finalmente rindió frutos. La sofisticada ingeniería financiera implantada en dicha dependencia, triangulando fondos a través de 8 universidades públicas —receptoras de mil millones de pesos de comisiones— propiciaron un desfalco por 3 mil 433 millones de pesos en el bienio. En su oportunidad, el entonces auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, dio cuenta de este megafraude, incluyendo al presidente Peña, atribuyendo responsabilidades principalmente a la Secretaría de Desarrollo Social de Rosario Robles, al Banobras de Alfredo del Mazo y al Pemex de Emilio Lozoya. Las reiteradas denuncias elevadas por el auditor Portal lamentablemente no prosperaron, la Auditoría Superior carecía de dientes para morder y las altas autoridades hacendarias evadieron comprar boleto.
Rosario Robles defiende su honestidad y vida recatada, a pesar del cúmulo de anomalías detectadas durante su paso por las dos distintas secretarías a su cargo, por 5 mil 73 millones de pesos. Doña Rosario argumenta haber hecho del conocimiento del presidente Peña, así como de José Antonio Meade, la situación que enfrentaba. Si la señora Robles estaba al tanto de lo que ocurría, es culpable por corrupta. Si la señora Robles no sabía lo que ocurría, es culpable por incompetente y omisa.
Y es que la prisa de la 4T por combatir resueltamente la corrupción se extiende a diversos espacios, con el inminente riesgo de incurrir en excesos, tal como ha sucedido con la discreta publicación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, mediante la cual el Estado podrá decomisar bienes, cuentas bancarias y activos relacionados a ilícitos —secuestros, trata de personas, crimen organizado, corrupción pública, huachicoleo y narcotráfico— sin considerar la presunción de inocencia, aun cuando los inculpados se encuentren bajo proceso, permitiendo el uso discrecional por parte del gobierno del producto de la venta de bienes que provengan de algún supuesto delito, cuando así lo declare la autoridad judicial, sin derecho del afectado a obtener retribución alguna por el despojo. Incluso, en caso de fallecimiento de quien estuviera sujeto a investigación o proceso penal, la extinción de dominio subsiste y las consecuencias recaen sobre sus herederos. En la práctica la Ley de Extinción de Dominio facilitará el atentar contra el derecho a la propiedad privada, con la posibilidad de expropiación sin indemnización a cambio, invalidando la presunción de inocencia.
Al día de hoy la ASF ha presentado 10 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por posibles actos vinculados con la Estafa Maestra y otras 60 más relacionadas con otros casos relevantes.
Finalmente, ni están todos los que son, ni son todos los que están.
Analista político
