Y sigue la mata dando, la Cuarta Transformación prosigue desmantelando y reajustando organismos institucionales; en maratónica sesión, en ininterrumpidas 24 horas, la Cámara de Diputados aprobó en automático 9 polémicas y trascendentes reformas provenientes del Ejecutivo.
Apenas en 2020 el austero gobierno de la 4T desapareció el Seguro Popular, creado en 2003, con 53.5 millones de afiliados sin acceso al Seguro Social, reiterando la consigna que “ni era seguro ni era popular” y sustituido por el improvisado Instituto de Salud para el Bienestar -Insabi-. La fijación de equipararnos con Dinamarca en Salud Pública proviene del mismo Ejecutivo. 2019: “Vamos a tener un sistema de salud como el que tienen en Dinamarca, porque no es un problema de presupuesto, es un problema de corrupción”. 2020: “El primero de diciembre va a estar funcionando el sistema de salud pública con normalidad, atención médica, medicamentos gratuitos como en Dinamarca”. 2022: “El año próximo a más tardar a finales, ya tendremos un sistema de salud pública como en Dinamarca y puede ser que mejor”. 2023: “Ya lo pensé bien, va a ser mejor que el de Dinamarca”.
Ahora, en fast track, la Cámara de Diputados aprobó extinguir el Insabi, transfiriendo sus funciones al IMSS-Bienestar. Desaparecer al Insabi es reconocer tácitamente el fracaso del programa de salud impuesto por la 4T, que en palabras del diputado Salomón Chertorivsky, dejó pendiente de surtir 45 millones de recetas médicas en el país, dejando de realizar más de 40 millones de consultas externas y más de 7.5 millones de consultas de alta especialidad, así como 1.3 millones de mastografías y 1.6 millones de Papanicolao, 15 millones de mexicanos dejaron de tener un sistema de salud, el gasto de bolsillo en salud aumentó 40%, 3 mil niños fallecieron por carecer de medicinas para el cáncer, concluyendo en que para que opere el IMSS-Bienestar tendrán que utilizarse recursos humanos y presupuestales del IMSS con el régimen ordinario.
La segunda iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados otorga atribuciones a la Fuerza Aérea Mexicana para el control y vigilancia del espacio aéreo. La tercer iniciativa aprobada entrega a la misma paraestatal que operará el Tren Maya -militares-, la concesión por tiempo indefinido de la vía férrea, teniendo el Ejecutivo la facultad de asignar la operación de ferrocarriles a empresas del Estado. La cuarta iniciativa reforma la Ley General de Bienes Nacionales, limitando el máximo descuento en la venta de bienes al 10% sobre el avalúo y no 40% como actualmente ocurre. La quinta resolución camaral extingue la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. La sexta reforma aceptada sanciona la extorsión financiera a través de aplicaciones móviles, además de prohibir a las instituciones solicitar acceso a información privada. La séptima iniciativa aprobada reorienta recursos de Fonatur a la empresa paraestatal encargada del Tren Maya. La octava resolución faculta a la Secretaría de la Función Pública ser juez y parte en los procesos de contratación del sector público. La novena reforma extingue al Conacyt, reemplazándolo por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.
El suprapoder otorgado por el Ejecutivo a las fuerzas armadas es manifiesto, ahora reforzando el control militar del espacio aéreo nacional con el control y propiedad del Tren Maya y sus vías férreas.
¡Aguas con legislar al chilazo!
