Los tentáculos del poder presidencial continúan extendiéndose abarcando cada vez mayores espacios. El pasado lunes se publicó el acuerdo, más bien el decreto -muchos le llaman decretazo- con efecto de ukase que adjudica nuevas responsabilidades tanto al Ejército como a la Marina, pretendiendo blindar las obras de infraestructura del gobierno Federal.
El pasado lunes el Diario Oficial de la Federación publicó el acuerdo que declara de “interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México que por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud sean considerados prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”, ya sea en pro del turismo, empleos, desarrollo sostenible y protección del medio ambiente, solicitando a las dependencias correspondientes otorgar la autorización provisional en cinco días con vigencia de un año para iniciarlos.
El llamado “decretazo”, entendido principalmente como facilitador de las obras emblemáticas de la 4T, eximiría al gobierno de cumplir con la transparencia fomentando la opacidad, afectaría la rendición de cuentas, incentivaría la corrupción y violaría lo dispuesto en el artículo 134 constitucional que menciona la obligación de manejar los recursos públicos con transparencia, estableciendo que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones del sector público deberán hacerse por licitaciones públicas. El presidente López Obrador aclaró que el llamado “decretazo” es un acuerdo interno para facilitar y terminar las obras, evitando amparos o acciones legales que pudieran interrumpir su conclusión. Evitar la aplicación de la ley a través de amparos funcionaba con los gobiernos anteriores, pero no con el actual donde impera la honestidad, cero corrupción y cero impunidad…”no somos iguales”. Ciertamente es difícil coincidir con ambos ceros cuando en el primer semestre de 2021, el 80.6% de los contratos de gobierno y el 35.6% de sus recursos han sido entregados por adjudicación directa. ¿No somos iguales? ¿quiénes son mejores?
Reacciones. PRI, PAN y PRD anticiparon que interpondrán un recurso de inconstitucionalidad, “El presidente no tiene facultades para determinar que todas las obras públicas son de seguridad nacional”. El INAI interpondrá una controversia constitucional ante la Corte porque se transgrede la Constitución y “buscará evitar que no se interprete que se puede reservar por seguridad nacional de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo”. Para la Barra Mexicana de Abogados el decreto es ilegal y viola disposiciones en materia constitucional, competencia económica, de debido proceso y de consulta previa. El Consejo Coordinador Empresarial: Se excede la ley en la definición de seguridad nacional, es violatorio de diversas normas e invade las facultades del Poder Legislativo…se evitan obligaciones de transparencia y rendición de cuentas e incentiva la corrupción…el Ejecutivo queda por encima de la ley. La Coparmex considera que se generan profundas dudas sobre el compromiso del actual gobierno con la transparencia y el combate a la corrupción.
Sin duda el presidente López Obrador, persuadido de su proyecto de Nación, obstinado hará hasta lo imposible por sacar avante la histórica transformación a su cargo, sin embargo nosotros, simples espectadores, nos sentimos confusos ante sucesivas sacudidas cuya intención final nos intriga, ¿por qué la animadversión y confrontación hacia los gobernados disidentes? ¿por qué y para qué empoderar a las fuerzas armadas?
