El Zócalo y calles aledañas pletóricos, Beatriz Pagés y José Ramón Cossío contundentes, emocionados entonamos el himno nacional a todo pulmón, probablemente asistimos más de 400 mil ciudadanos sin adjetivos, qué más da que la voz presidencial apenas conceda 80 mil asistentes, lo allí vivido nadie nos lo quita, compartimos una sola inquietud: México.

¿Somos todos conservadores? ¿Somos todos corruptos? ¿Nos oponemos todos a la transformación del país?¿Fue convocada la manifestación por reaccionarios, mapaches electorales, transas, defensores de los fraudes electorales pertenecientes al narcoestado, ajenos a la democracia y partidarios de la oligarquía que queremos seguir robando a costa de los mexicanos empobrecidos? ¿Somos contrarios al movimiento progresista?

Algo mal debimos haber hecho como sociedad para ser denostados, desdeñados y ofendidos por nuestro presidente, junto a los intelectuales “orgánicos, junto a los medios de comunicación y junto a periodistas chayoteros, vendidos o alquilados. Es tiempo de definiciones, “O estás conmigo o estás en mi contra”. La polarización -no politización- nos está induciendo a un irreparable encontronazo entre “transformadores” y “conservadores”, entre los que no mienten, no roban, no traicionan y son defensores del pueblo, contra los corruptos e hipócritas que no quieren al pueblo, pretenden que prevalezca la oligarquía para seguir robando y se sienten los dueños de México. De tanto escuchar que no somos iguales, lo empezamos a creer.

La mirada de los asistentes al Zócalo estaba dirigida hacia el sobrio edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde 11 ministros habrán de decidir el futuro democrático del país. Por lo pronto, ante la incertidumbre, el saliente Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova , advirtió que la reforma electoral impulsada por el Gobierno federal y Morena es demencial, ya que podría ocasionar graves riesgos en próximas elecciones, dejando en claro que el Plan B va en contra de lo construido en 35 años, propuesto desde el poder, no desde la oposición y aprobado por una oficialista “aplanadora legislativa”. El presidente López Obrador ha dado señales de desaprobación en torno al nombramiento de la nueva ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña. “Apenas llegó la nueva presidenta -a la que por cierto AMLO ha desdeñado en actos públicos- y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes. La ministra se muestra a favor de la autonomía de los jueces al emitir sus resoluciones. Antes cuando estaba el ministro Arturo Zaldívar había -como si fueran omnímodos- un poquito más de vigilancia sobre los jueces, se les respetaba su autonomía, pero vigilaban”.

En verdad, ¿resultaba tan imperioso para el Ejecutivo desmantelar al INE? Pudo haberse designado una comisión del INE y de la secretaría de Hacienda para conjuntamente encontrar rubros susceptibles a ser reducidos, incluyendo los emolumentos de los consejeros. El mismo criterio de austeridad debería ser aplicado en los otros proyectos emblemáticos del régimen.

Es en este inédito escenario de distanciamiento entre el Ejecutivo y la ministra Norma Piña que la SCJN habrá de deliberar sobre la aprobación o rechazo del Plan B de la reforma electoral.

El Plan B no pasará.

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