Sucede que pertenezco a una silenciosa generación que durante tres décadas consecuentó pasivamente que cinco sucesivos corruptos regímenes políticos denominados neoliberales o neoporfiristas, practicantes de un modelo elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular, hayan propiciado violencia, inseguridad, violación masiva de los derechos humanos, impunidad, procesos electorales viciados, quebrantamiento del estado de derecho, mayor pobreza, desigualdad, marginación, descomposición social, deterioro de instituciones, de sistemas públicos de salud, de educación, desprotección y pérdida de miles de vidas de jóvenes y adultos mayores, saqueo contra comunidades indígenas, pérdida de soberanía y la devastación de la industria petrolera y eléctrica.
La anterior exposición de agravantes han servido de motivo para que el presidente López Obrador firme la solicitud para enjuiciar a los cinco expresidentes de México en funciones de 1988 a 2018, previa consulta popular. No resisto preguntarle al controvertido testigo presencial Hugo López Gatell: ¿De qué se ríe?
Carlos Salinas, impuesto por un fraude electoral en 1988 -¿Es un hecho?, Bartlett podría opinar al respecto- es mencionado porque aumentó la brecha económica y social entre pobres y ricos entregando recursos públicos a particulares; México escaló en la revista Forbes del sitio 26 al 4 en el número de multimillonarios. Ernesto Zedillo continuó con las privatizaciones, adjudicando a los mexicanos deudas privadas por 552 mil millones de pesos del rescate bancario, del cual ya se pagaron 700 mil millones de dólares por bonos del Fobaproa, adeudando a la fecha 2 billones que quedarán saldados en 2070. Vicente Fox intervino indebida e ilegalmente para evitar el triunfo de la oposición en 2006 –léase AMLO-, al año siguiente Fox declaró que era importante detener a López Obrador y en 2010 se jactó de haber cargado los dados del mencionado proceso electoral. Felipe Calderón embarcó al país en el combate al narcotráfico, exacerbando la violencia y multiplicando las zonas en control de bandas delictivas; sabía de García Luna y no hizo nada, fue responsable y cómplice. Enrique Peña fue apoyado en su campaña por grandes contribuciones de procedencia desconocida, sin que el TEPJF anulara la elección. El caso Odebrecht y las declaraciones de Emilio Lozoya -¿es confiable?- lo señalan como cómplice. Además Peña sobornó al PAN -Lozoya dixit- para votar por la Reforma Energética interviniendo también en la compra a sobreprecio de Agronitrogenados. Igualmente López Obrador se refirió a los partidos subordinados y al silencio cómplice de los medios informativos nacionales y extranjeros, a los acuerdos tácitos entre gobernantes salientes y entrantes, así como a la existencia de aparatos de justicia al servicio de los propios gobernantes. De allí el clamor de justicia por parte de la sociedad mexicana, es el momento de la democracia participativa. Culmina AMLO: “Reitero, yo votaría por no someter a los expresidentes a proceso, pero respetaré el fallo popular…he propuesto mandar obedeciendo, tampoco pretendo impulsar represalias a nadie”.
México no se inauguró con Salinas de Gortari, cada sexenio hereda retos, pendientes, aciertos y errores. ¿Se puede juzgar a los expresidentes por tomar decisiones con criterio distinto a la visión actual de gobierno, privatizaron en contra de la ley, los reclamados fraudes incluyendo los electorales son comprobables? Queda ahora la resolución en la Suprema Corte.
Suponiendo que Santa Lucía, el Tren Maya, Dos Bocas u otros proyectos prioritarios no cuajen por alguna razón, ¿se justificaría que un futuro gobierno someta a juicio al actual presidente?