El término “obstinado” podría ser el apropiado para encuadrar la personalidad de Andrés Manuel López Obrador. Desde la oposición se obstinó en desafiar al Sistema, obstinación que lo llevó al tercer intento a la presidencia de la República. ¿Alguien puede creer que AMLO a estas alturas se va a arrugar frente a cualquier obstáculo que se interponga en su “momento estelar” con la historia?
AMLO ha acumulado varios desencuentros con el Poder Judicial, primeramente por la excesiva remuneración de 600 mil pesos mensuales a favor de los ministros, por las suspensiones otorgadas a la construcción de Santa Lucía, por emplear el recurso de violación al “debido proceso” para liberar a presuntos criminales y ahora por la suspensión provisional otorgada por el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro –seguido por el juez Rodrigo de la Peza- para frenar la aplicación de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.
Sucede que en vísperas de la entrada en vigor de la aprobada reforma a la reforma de la ley de la Industria Eléctrica, impulsada por AMLO, afectando intereses de las compañías privadas del sector, a la vez que protegiendo la supremacía de la CFE, se propició que estas empresas perjudicadas, inversoras en generación de energías limpias, en legítima defensa de sus intereses recurrieran al juicio de amparo. En un trámite casi de cajón, el juez citado concedió la suspensión provisional, una medida cautelar para que las correspondientes disposiciones de ley no sean aplicadas hasta en tanto sea resuelto el amparo en definitiva. AMLO sobre reaccionó al respecto, enviando al ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte, - cabeza del independiente Poder Judicial-, una misiva solicitándole investigar al Consejo de la Judicatura Federal, “porque sería el colmo que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares”. Adicionalmente AMLO incluyó en su perorata al ministro en retiro José Ramón Cossío, acusándolo de legalizar injusticias de grupos minoritarios, de guardar silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades y de colaborar con los despachos de abogados y las empresas que han tramitado los amparos contra la reforma eléctrica. Ya había sostenido AMLO que los abogados mexicanos que defienden a empresas extranjeras contra la reforma eléctrica “están cometiendo traición a la patria”. José Ramón Cossío consideró que la Judicatura debe defender al juez en cuestión, mientras no se demuestre que actuó indebidamente. En cuanto a los agravios presidenciales a su persona, respondió que el Ejecutivo se excedió en sus afirmaciones. Obviamente Arturo Zaldívar no está en el ánimo de confrontarse con el Presidente, por lo que cauto respondió: Los jueces federales actúan con independencia, autonomía y libertad, sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial. El obstinado AMLO advirtió que si el Poder Judicial frena la nueva ley eléctrica, presentará una iniciativa de reforma constitucional.
El Juicio de Amparo en México tiene sus orígenes en la Constitución de Yucatán de 1840, es un medio de defensa procesal que protege los derechos fundamentales de los ciudadanos, establecidos en la Constitución Política en contra de los actos violatorios de las autoridades.
Dos cuestiones:
¿Sería el colmo que el El Poder Judicial atendiera a particulares?
¿Defender a empresas extranjeras contra la reforma eléctrica es traición a la patria?
